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Editorial
Sábado 03 de febrero de 2024
Una injustificada calma
''El 2023 fue un año caracterizado por la recesión. La actual administración ha contribuido a este resultado. Los esfuerzos por modificar su relato han sido insuficientes. Sin un cambio en la agenda que promueva la actividad privada, los próximos dos años serán muy complejos''.
La publicación de distintas cifras asociadas al cierre de 2023 está permitiendo dimensionar el retraso económico que experimenta Chile.
En materia de crecimiento, el nuevo desplome de -1% del Imacec de diciembre (12 meses) confirmó que la actividad económica no cuenta con los fundamentos para dejar atrás el estancamiento. Comercio, Minería e Industria experimentaron sendas caídas, demostrando la amplitud del problema. Todo, además, en un escenario en que el crecimiento mundial superó el 3%, las economías avanzadas se expandieron un 1,6% y América Latina y el Caribe un 2,5%.
Malas decisiones han contribuido a desacoplar así la economía chilena del resto del mundo. Y desde una perspectiva histórica, la administración del Presidente Gabriel Boric alcanzó el peor desempeño en los dos primeros años de cualquier gobierno desde el retorno a la democracia. Las proyecciones para 2024 no permiten anticipar un cambio importante en este ranking.
Adicionalmente, las preocupantes cifras reportadas esta semana ponen en perspectiva el limitado impacto que puede tener la política monetaria, a esta altura la única fuente de esperanza frente a la inacción del Gobierno. Esto, pues las significativas reducciones de la Tasa de Política Monetaria (TPM) observadas a partir de septiembre parecen no haber dinamizado la economía (la TPM pasó desde un 10,25% hasta el 8,25% de diciembre). Será necesario observar si la nueva reducción de 100 puntos base anunciada esta semana puede compensar la falta de políticas procrecimiento de la administración Boric.
Ahora, a las preocupaciones respecto del crecimiento, se suma el detrimento de las cuentas fiscales. De acuerdo con la Dirección de Presupuestos, a diciembre el balance fiscal efectivo alcanzó un déficit de 2,4%. La cifra cobra particular importancia, pues, en los hechos, es el primer resultado presupuestario de total responsabilidad de la actual administración (el superávit de diciembre de 2023 estaba definido en la ley aprobada en el último año de la administración Piñera). Del análisis técnico de la ejecución presupuestaria se destacan, además, las dificultades en materia de inversión pública y la sobreejecución del gasto en personal.
Desde un punto de vista agregado, el déficit fue el resultado de un aumento en el gasto real (1%), situación que no parece consistente con una economía que durante 2023 estuvo en recesión. A esto se sumó el desplome de los ingresos de la nación (-12,5%), propio de una economía que no crece. El financiamiento de tal descalce significó un nuevo crecimiento de la deuda bruta, que alcanzó el 39,7% del PIB, más allá de lo esperado (en diciembre de 2022 la Dipres proyectaba un 38,7%). Por su parte, entre enero de 2023 y diciembre, el Fondo de Estabilización Económica y Social sufrió una caída de más de US$ 1.600 millones. Es probable que la combinación de estas cifras explique la preocupación mostrada por el Consejo Fiscal Autónomo por la insostenible dinámica de nuestra deuda neta.
Dos años perdidos
Frente a la acumulación de cifras negativas, el Ejecutivo debería actuar con rapidez para resolver las problemáticas que mantienen estancada a la actividad. Sin embargo, no se observa tal urgencia.
El lento avance de las tibias medidas para resolver lo que ha sido definido como la permisología —que no es más que una gigantesca burocracia que entorpece la actividad privada— lo ejemplifica. A esto se agrega su ideológica inclinación por entender el sistema tributario solo como una fuente de recursos fiscales, prestando poca atención a las distorsiones que desde este se generan. Del mismo modo, la criticada preponderancia que se busca entregarle al Estado, en desmedro de los privados, en el ámbito previsional emerge como parte de un ADN que ha sido definido, incluso por técnicos de la centroizquierda, como con un sesgo antiempresarial. El debate en salud, particularmente la delicada situación de las isapres, puede ser entendido también en ese contexto.
En este sentido, parece insustancial la insistencia de Hacienda en desestimar la recesión de Chile el 2023. Los datos mensuales de Imacec indican siete caídas (en doce meses), mientras que el PIB sufrió bajas en el primer (-0,7%) y segundo trimestre (-0,8%), con una menor recuperación en el tercero (0,6%). A la espera del dato del cuarto trimestre, las cifras de actividad conocidas esta semana apuntan a que en el año el PIB de Chile debería haber caído cerca de un 0,2%, lo que se verificará prontamente con las estadísticas de cuentas nacionales que presentará el Banco Central. Pero incluso en el escenario de una variación nula, el resultado no debería dejar tranquila ni conforme a la autoridad.
Es evidente que el país está profundizando el estancamiento que viene sufriendo ya desde hace una década. Y, a pesar de la baja base de comparación de 2023, las proyecciones de crecimiento para el presente año son exiguas (1,25-2,25%, de acuerdo con el Central). Por su parte, tanto el nivel como la evolución del PIB tendencial indican que el país difícilmente podrá crecer por sobre el 2% más allá de 2024. Así, no es el último dato puntual el que condiciona las expectativas futuras, como sugiere la autoridad al ser “sorprendida” por una nueva caída de la actividad. Por el contrario, es la calma frente a lo que han sido dos largos años perdidos y caracterizados por la vacilación.