El Gobierno está estudiando una nueva estructura tarifaria para el sector sanitario, la que considera una forma alternativa de determinar las condiciones para cobrar el sobreconsumo de agua. La propuesta ha recibido el apoyo de las empresas del sector, y se la ha denominado como una tarifa “de cambio climático”, tal vez como una manera de aumentar su aceptabilidad por el público.

El concepto que sustenta la tarifa de sobreconsumo hoy vigente es que ella permite pagar las inversiones necesarias para enfrentar aumentos en la demanda de agua en el período diciembre-marzo, cuando el recurso escasea. Además, tiene el efecto virtuoso de desincentivar la tendencia a consumir más en esta época. El problema es su base de cálculo. En efecto, actualmente esta tarifa —extremadamente elevada— se debe pagar en los meses de verano por todo consumo superior a 40 metros cúbicos, siempre que además sobrepase el promedio registrado por el usuario en los demás meses del año. Pero esta regla tiene una debilidad: algunos clientes pueden eludirla aumentando su consumo en esos otros meses. El resultado de esta conducta es el de un mayor consumo promedio de agua durante todo el año, sin tener que pagar la tarifa de verano por exigirle más al sistema en el período seco.

Según se ha anticipado, la propuesta del Gobierno intentaría evitar dicha conducta definiendo un nivel normal de consumo de agua (por ejemplo, en Santiago, los 15 metros cúbicos que en promedio registran los medidores); todo monto superior a ello, en cualquier época del año, sería considerado sobreconsumo. Pero si bien esto resuelve el problema de comportamiento estratégico referido, genera otra dificultad, que es castigar el consumo incluso cuando el agua abunda. Al respecto, cabe recordar que en un invierno normal solo se puede almacenar una fracción del agua que cae. En tal caso, no tiene sentido permitir que esa agua se vierta al mar habiendo usuarios que quisieran aprovecharla.

En realidad, las conductas que hoy se quiere evitar son el resultado de que la tarifa actual de sobreconsumo castiga este en forma exagerada, lo que hace viable la estrategia de sobreconsumir en invierno para eludirla. En efecto, los mayores consumos veraniegos residenciales —usualmente correspondientes a casas con jardín— no solo pagan tres veces el valor normal por el agua adicional que emplean para regar, sino que además deben pagar por su recolección y tratamiento, aun cuando en realidad el agua de riego no utiliza estos servicios. Así, el valor total del sobreconsumo en Santiago es de $2.230/m{+3}, muy superior, por ejemplo, al costo del agua desalada.

Como lo han señalado varios lectores en cartas publicadas por “El Mercurio”, resulta paradójico que las empresas sanitarias sean entusiastas partidarias de la nueva propuesta. Esto, considerando que el promedio de agua no facturada (es decir, que se pierde, principalmente debido a falta de mantenimiento de la red) supera el 30% en Santiago e incluso en ciudades del norte, donde el agua es escasísima y debe ser desalada; el récord de estas pérdidas lo tiene SMAPA, de Maipú, la única empresa no manejada por privados, con un 51,3%, según el informe de gestión 2022 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Si las firmas se acercaran a los valores de aguas no facturadas de empresas eficientes (un 15%), habría menos necesidad de inversiones y también de castigar su uso en jardines.

Por eso, una recomendación razonable es actuar sobre las pérdidas físicas (y también comerciales) de las empresas sanitarias, algo que los superintendentes han intentado sin éxito. Junto con ello, introducir una tarifa de sobreconsumo de pequeña magnitud (por sobre un valor estándar) para el período abril-noviembre, cuyo único objetivo sea eliminar los incentivos perversos. Y, finalmente, mantener el modelo actual para el período de verano, tal vez reduciendo el castigo por sobreconsumir en esta época.