El Gobierno termina enero, inesperadamente, de la peor manera: sumido, otra vez, en una crisis que lo confronta con su pasado y acumulando nuevas derrotas legislativas. Ha sido esta, en efecto, una semana decisiva y de contrastes poco gratos para el Ejecutivo. Una en la que apenas alcanzó a celebrar la aprobación de la idea de legislar en su reforma de pensiones, para luego ver cómo los diputados rechazaban uno a uno sus contenidos fundamentales (ver editorial en esta página). Días, sin duda, desgastantes para algunos de sus ministros y funcionarios más experimentados, pero también marcados por la incomprensible ausencia del Presidente de la República, quien optó por tomarse vacaciones cuando se votaba en el Congreso una de sus iniciativas emblemáticas y el tema de las pensiones de gracia se transformaba en un laberinto para La Moneda.

Algo de la gravedad de esta última crisis ha de haber advertido el mandatario antes de iniciar su descanso. Así lo muestra el que dejara, previo a partir, ya firmado el decreto revocatorio de la pensión que beneficiaba a un condenado por producción de pornografía infantil. Tal acción, sin embargo, difícilmente atenuará el costo político que está pagando su gobierno. Desde luego, son muchos más los condenados por delitos de diversa índole favorecidos con pensiones: un total de 69, según la última información entregada por la autoridad. Pero aunque esa sea la arista que probablemente más indignación ciudadana genera, mayor gravedad aún tiene lo que ahora se ha conocido respecto de la liviandad con que se dio por acreditada la condición de víctima de violación de los derechos humanos y la falta de mínimos estándares para validar el daño supuestamente sufrido.

Tal irresponsable actitud en la asignación de beneficios públicos sorprende menos si se recuerda el fuerte compromiso de Apruebo Dignidad con los protagonistas de la “revuelta” de octubre de 2019. La actual coalición oficialista medró políticamente de aquella coyuntura y llegó luego al poder con promesas de liberación y “reparación” a quienes estaban enfrentando a la justicia por sus acciones de violencia. Pero, de modo paradójico, el cumplimiento de esas promesas, primero con los indultos y ahora con las pensiones de gracia, es lo que hoy ha terminado de develar el verdadero rostro del octubrismo y su estrecha vinculación con la delincuencia. En un país que desde entonces ha sufrido una cada vez más aguda crisis de seguridad pública (la ola de homicidios ocurridos desde la Navidad pasada, incluida la muerte de siete menores, lo ejemplifica), todo ello no puede sino generar un profundo rechazo. Por eso es acertada la figura del búmeran usada para describir la situación que está enfrentando el Gobierno: estallan hoy en la cara del oficialismo y sus fuerzas los conflictos y problemas que ellos mismos desataron o alentaron cuando eran oposición, y que pavimentaron su camino al poder.

Entre el agotamiento y la desorientación

“No entienden el concepto de correlación de fuerzas” fue el diagnóstico del exsenador PS Juan Pablo Letelier para referirse a algunos sectores del Frente Amplio y el PC. Y tal vez esa sea la explicación política de lo que pasó con la reforma previsional. Aunque se trató de una victoria más bien amarga —que significó resignarse a la “Constitución de los cuatro generales”—, el resultado del plebiscito de diciembre había dado un nuevo aire al Gobierno. Pero, sin atender la compleja suma de elementos que pueden explicar el triunfo del En contra, el Ejecutivo se limitó a ver allí la posibilidad de revalidar al menos parte de su cuestionado proyecto político. Así se entiende que al día siguiente de ese referéndum iniciara una urgente ofensiva para sacar adelante su reforma previsional, sin renunciar a sus alcances refundacionales, pese a ser estos cuestionados por expertos y rechazados por la ciudadanía, según las encuestas. Para esa operación, desechó en la práctica buscar acuerdos con la centroderecha y en cambio intentó aprovechar la fragmentación imperante en la Cámara, de modo de sumar votos negociando concesiones puntuales con distintas bancadas. Al final, tal hábil entramado sirvió para aprobar la idea de legislar, pero se desplomó estrepitosamente al votarse los contenidos específicos del proyecto. Así, la ambiciosa apuesta por reestructurar completamente el sistema previsional ha pasado al Senado transformada en una suerte de cascarón vacío.

En dicho proceso y en las idas y venidas del caso pensiones de gracia se han consumido las energías que el Ejecutivo pareció retomar en diciembre. El panorama al terminar la semana es el de un gobierno desgastado y con graves déficits de conducción, evidenciados hasta en el insólito hecho de que una ministra —la titular de la Mujer, Antonia Orellana— se permita llamarle públicamente la atención a otro de sus pares —el de Justicia— por haber insinuado este una crítica al presidente de Convergencia Social —el partido de esa secretaria de Estado y del Presidente de la República—, a propósito de la pueril conducta de este último durante la votación de la reforma previsional: signos de balcanización en una administración que se acerca, desorientada, a completar recién la primera mitad de su mandato.