La solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar violaciones a los derechos humanos en territorios palestinos es la culminación de la falta de ecuanimidad del gobierno del Presidente Boric con el Estado de Israel.

El Presidente, desde inicios de su mandato, ha humillado y agraviado a Israel y su pueblo. Su actuar en esta materia es una aberración, no tiene precedente en nuestra historia. Primero canceló intempestivamente la presentación de credenciales del embajador israelí. A días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, que asesinó a más de mil cuatrocientos judíos y secuestró a otros 240, el Gobierno confusamente equiparó la responsabilidad de Hamas con la de Israel. Más adelante, el Presidente ordenó el regreso a Chile, sine die, del embajador en Tel Aviv, manteniendo al embajador en Palestina. Por último, al igual que el Partido Comunista y otros partidos y dirigentes del oficialismo, el Presidente se ha resistido a condenar con claridad las expresiones del alcalde Jadue que promueven el antisemitismo.

El Presidente Boric y sus asesores saben, o deben saber, que el requerimiento ante la CPI difícilmente tendrá efectos en contra de Hamas, que no es un Estado, ni tiene institucionalidad, funciona en el clandestinaje. Así, es posible sostener que la demanda solo tendría por objetivo Israel y sus funcionarios.

El Presidente tampoco parece considerar que su cruzada anti-Israel tiene costos para Chile, nos sitúa en alianzas extrañas, apartándonos de políticas de Estado consensuadas transversalmente, distanciándonos de países afines con los que compartimos valores, intereses y principios. Innecesariamente nos sumamos a un requerimiento iniciado por Sudáfrica, Bolivia, Djibouti, Bangladesh y Comoros, gobiernos con los que estamos lejos de coincidir en sus prioridades, entre ellas, declararse enemigos de Israel.

Parecería que el requerimiento a la CPI es una decisión personal del Presidente, con asesoría inorgánica, urdida hace más de un año, sin transparencia, en la oscuridad. La diplomacia profesional probablemente se debe haber opuesto a una iniciativa que más bien parece motivada por razones ideológicas y electorales, que compromete la imagen internacional de Chile.

Recurrir a la CPI en contra de Israel no obedece al respetable compromiso por los derechos humanos, sino a una sostenida política presidencial contra el Estado judío.

El sesgado activismo del Gobierno en esta causa resta fuerza al requerimiento ante la CPI, avala el antisemitismo, degrada a la Cancillería e importa a Chile un conflicto que alienta divisiones al interior de nuestro país, particularmente entre comunidades que por más de un siglo han convivido pacíficamente, con valiosas contribuciones al progreso nacional.