Esta semana se ha anunciado la formalización del general Yáñez, el general director de Carabineros. Se le imputa un delito de omisión: no haber hecho lo que, atendidas sus funciones, debió hacer para evitar los actos que causaron la muerte de Cristián Valdebenito, quien falleció luego de ser impactado por una bomba lacrimógena.

¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Acaso, como se ha dicho, no está el Gobierno y el Presidente Boric en medio de su undécima contradicción: haber reclamado contra Carabineros y verse ahora en la obligación de defenderlo o, al menos, en medio de la incomodidad de acusarlo?

No, en ningún caso. No hay inconsistencia alguna.

Está en la misma índole del Estado ser, a la vez, el ejecutor de la violencia (en principio, legítima) y el único capaz de detenerla (cuando es ilegítima). Y por eso quien conduce el Estado debe, a la vez, apoyar a la fuerza policial y aceptar, e incluso promover, se la controle o llegado el caso se la sancione. Y es que el Estado es como la lanza del Parsifal de Wagner: inflige la herida y, al mismo tiempo, la cura. No hay que extrañarse de que, en la ejecución de su tarea los agentes del Estado, por desatención u omisión de quienes los conducen, por el fervor de los momentos difíciles, por torpeza o malentendiendo su tarea e incluso por decisión, incurran en violaciones a los derechos humanos.

¿Significaría eso entonces que hay que aceptar esas violaciones, dejar que queden impunes, incluirlas en el debe inevitable de la vida social y simplemente no hacer nada porque, de hacerlo, y como a veces con liviandad se dice, se debilitaría a la fuerza policial?

Por supuesto que no.

Y la razón es obvia. Pesan más deberes sobre la fuerza pública que sobre los ciudadanos, incluso si estos últimos están, como ocurrió en octubre del 2019, enfervorizados, narcotizados por el discurso de esos días violentos. La policía tiene deberes, en caso de protestas o disturbios, que los ciudadanos no. Y ello porque media una muy grande asimetría entre la fuerza que el Estado monopoliza y los medios de que dispone, por una parte, y los ciudadanos que con razón o sin ella, a estos efectos poco importa, se manifiestan, por la otra. Y esa asimetría hace toda la diferencia del mundo e impone a la fuerza policial especiales deberes de cuidado y diligencia en el uso de las armas que la ciudadanía ha puesto en sus manos o en el ejercicio de la fuerza a que la ley la autoriza.

Y es deber de la fiscalía perseguir a quienes abandonan esos deberes. Otra cosa es, por supuesto, si en este caso o en otro tienen antecedentes suficientes para hacerlo (¿incurrió el general Yáñez en una inactividad voluntaria de su deber contribuyendo así al resultado de homicidio?); pero de lo que no cabe duda es de que no existe anomalía alguna en que el Estado (mediante la fiscalía) persiga la responsabilidad del Estado (Carabineros) cuando las inmunidades de que son titulares los ciudadanos (los derechos humanos) son violados o infringidos.

Cuando la fiscalía actúa de esa manera, es verdad, pone al Estado contra sí mismo; pero en esa notable capacidad, en esa contradicción en virtud de la cual el Estado escudriña, inquiere e indaga, con fines de persecución penal, en la conducta de sus propios miembros radica buena parte de su dignidad. Y esa es la fuente de la confianza que los ciudadanos pueden depositar en él y en la fuerza policial.

Después de lo que ocurrió en octubre del 19 y luego de que ya se hizo el balance: los excesos políticos y retóricos en que se incurrió, las irresponsabilidades ciudadanas que se cometieron, las simplezas televisivas que se dijeron, las complicidades mudas de quienes atizaron las protestas, en vez de moderarlas; una vez, en suma, que se hizo el debe y el haber del comportamiento político de esos días, es inevitable volver la vista sobre la actuación del Estado.

Cuando el Estado hace eso, cuando se vuelve sobre sí mismo, cuando el mismo general que conduce una de las partes esenciales del Estado es sometido a investigación, el Estado en vez de debilitarse o disminuirse, se fortalece.

Por eso, el Presidente Boric esta vez no incurre en ninguna contradicción ni está en medio de un dilema: simplemente está actuando en consonancia con la misma índole del Estado.