Miembros de la coalición gobernante fueron activos y entusiastas promotores del intento refundacional que acaba de fracasar. Otros se sumaron cuando las protestas callejeras parecían tener la simpatía de la ciudadanía. El país perdió cuatro años en el intento.

Sin embargo, pocas horas después de la decisión popular de mantener la Constitución vigente —aunque debilitada luego de lo vivido—, la autoridad se desplegó nuevamente en busca de cambios profundos para dar más poder al sistema político.

Tanto los esfuerzos por aumentar la carga tributaria, que en términos relativos al nivel de ingresos ya es elevada, como los cambios previsionales que en los hechos llevan a que cuantiosos recursos los manejen en mayor medida instituciones estatales, apuntan en esa dirección.

No parecen haber aprendido la lección de sus propias acciones recientes. Quienes están en el poder no son moralmente superiores y por ello la ciudadanía debe redoblar su desconfianza y fiscalización frente a ellos, por el poder que detentan. El Estado y sus actores no están intrínsecamente libres de perseguir sus intereses personales. Las actuales autoridades llegaron al Gobierno con un aura de superioridad que se resisten a perder a pesar de los casos de corrupción y mal uso de los recursos públicos que están siendo investigados.

En el pasado, como oposición, fueron capaces de bloquear toda decisión, sin importar si eran o no útiles para resolver problemas urgentes. Hoy, cuando lo necesitan, parecen descubrir que es posible negociar. Sus teóricos inventan conceptos complejos —unilateralidades recíprocas— para algo tan simple como encontrar puntos en común y que la humanidad viene haciendo desde siempre.

Sin embargo, quienes han actuado en su trayectoria política en forma esencialmente confrontacional no dan hoy a la oposición suficientes garantías de haber cambiado, ya que “empaquetan” medidas en las que es posible encontrar terreno común, con otras propias de su visión ideológica. Crear conceptos como “pacto fiscal” para dar la impresión de que es obligatorio que medidas distintas sean realizadas conjuntamente o iniciar una estrategia comunicacional para convencer a la población de que problemas urgentes como la seguridad pública dependen de subir impuestos, no son una muestra de buena fe en la búsqueda de compromiso.

Una de las principales razones de la existencia de los gobiernos es entregar un entorno para desenvolverse eficazmente y sin violencia. A la larga, si los principios básicos de orden y responsabilidad se cumplen, la sociedad no necesita gastar más sino menos. Los signos crecientes que vemos hoy de individuos invirtiendo en seguridad son una muestra fehaciente de la falla del Estado.

Si se quiere avanzar, antes que nada, se debe considerar a los delincuentes y antisociales como tales y no como víctimas. Los indultos que otorgó el Presidente Boric confirman que el Gobierno aún no acepta esa premisa básica.

La ministra del Interior se opuso férreamente a que los afectados por usurpaciones pudieran defenderse. Planteaba que ello podría llevar a la formación de grupos armados organizados, pero no parece preocuparle que eso suceda con los organizadores de las usurpaciones. Se sabe que existen y parece tolerárseles. Su antecesora intentó ingresar a la denominada “Temucuicui”. Fue recibida a balazos y no se sabe que haya denunciado y perseguido como debía a quienes lo hicieron. Una mezcla de mayor convencimiento, apoyo a las organizaciones de orden y una mejor labor de inteligencia son el primer paso para aliviar a la ciudadanía de la violencia. Subir impuestos no es lo primordial.

Durante el primer intento de reforma constitucional, rechazado en septiembre de 2022, quedó claro que parte de la base de apoyo del Gobierno no cree en la necesidad del crecimiento. Más aún, parece menospreciarlo. Consultados sobre cómo se resolverían los anhelos de la población, decían que el Gobierno debía hacerlo. ¿Todavía lo creen nuestras autoridades y por eso su obsesión de subir impuestos?

Si las recientes declaraciones sobre facilitar la inversión son reales, nada impide que ello se realice sin amenazar o comprometer al mismo tiempo un aumento de la carga tributaria. El Gobierno debe partir por un análisis interno. Son sus autoridades las que durante su mandato, y luego de un largo periplo para cumplir condiciones que se les imponían, han optado por negar el permiso para llevar adelante varios proyectos.

La sociedad debe asumir que toda actividad afecta en algo a la naturaleza. Para vivir, debemos afectarla. Lo importante es hacerlo en forma considerada, sostenible y proporcional a los beneficios.

Igualmente se debe volver a considerar a todos los chilenos como iguales. El país es una mezcla de culturas y orígenes diversos. Es indispensable que el respeto para los que se sienten parte de un legado cultural previo a la integración de América al mundo no sea a costa del progreso ni tenga demasiados matices de superioridad sobre los demás chilenos.

Si el Gobierno es sincero, hay en estas áreas un gran espacio para concordar con la oposición y generar un nuevo enfoque que incluso una Corte Suprema, que parece inclinada por legislar, opte por acatar. Nuevamente, ni el compromiso ni la amenaza de nuevos impuestos son necesarios para ello.

Del mismo modo, un esfuerzo por asegurar el mejor uso y eficiencia de los recursos públicos puede abordarse en sí mismo. Es una obligación moral que debe ser independiente de intentar hacerla parte de un “pacto fiscal”. Los casos que se investigan de posible corrupción, sea por desvíos de fondos, de las fundaciones o por el aparente compromiso de algunos funcionarios del SII y de la CMF en otro caso polémico, muestran que hay mucho que avanzar. Con las actuales leyes de responsabilidad penal empresarial hechos como los descritos estarían conmocionando a las empresas afectadas y a sus directivos. Nada de eso parece pasar hoy en el sector público con la misma intensidad, a pesar de que su impacto debiera ser mucho más severo por tratarse de instituciones que gozan del poder y del monopolio de la fuerza.

Es deber del Gobierno mostrar que está dispuesto a avanzar en las materias en que existe espacio para acordar y no subordinarlas a sus intentos de avances ideológicos. También debe aceptar que la oposición tenga visiones distintas en materias tributarias y previsionales que probablemente hacen mucho más difícil forzar un acuerdo en el corto plazo.

Es legítimo pensar que la carga tributaria actual es relativamente elevada y que insistir en su aumento dañará el progreso, que hoy es indispensable. Igualmente, muchos chilenos no ven como razonables las medidas que profundizan conceptos como elusión, ya que quitan certeza a la ley y dan mucho poder a funcionarios, lo que un país civilizado debe evitar, aún más si están justificados en análisis que pretenden mostrar una gran evasión en Chile. La sola sospecha de que algunos funcionarios del SII y CMF pudieran haber actuado mal debiera descartar seguir profundizando en ese camino y, más aún, obligarnos a revisar lo vigente.

El Gobierno anterior abrió una vía para respaldar a los más necesitados en materia de pensiones: la PGU. Es posible un compromiso de potenciarla en forma prioritaria con un mayor crecimiento y ahorros fiscales, pero pretender forzar una reforma previsional en la dirección de mayor estatismo no parece razonable. Mejores pensiones se obtienen a la larga con mayor crecimiento, que permite acumular riqueza, y con mayor empleo. Hoy los que no obtienen mayores pensiones son mayoritariamente los que no cotizan regularmente. Aumentar las cotizaciones, en un contexto de menores horas de trabajo impuestas por ley y de numerosas nuevas cargas sobre el empleador, no es una buena forma de avanzar. Puede tener sentido permitir voluntariamente, sea individual o vía negociación, mayores aportes a quienes ven factible hacerlo. Abrir esa válvula de deshago es un paso positivo, al igual que cambios que den más flexibilidad sin afectar la seguridad que hasta ahora ha tenido el sistema. Pero lo que con certeza no debe hacerse es precipitar una nueva carga laboral, uniéndola además a cambios de raíz ideológica.

Aunque algunos en el oficialismo pueden creer todavía que en el futuro podrán encontrar una nueva posibilidad de intentar refundar el país, es de esperar que el Gobierno esté convencido de que no debe insistir. Ni por la vía de cambios constitucionales, ni de reformas radicales. Tiene la posibilidad de pasar a la historia como quien aprovechó de construir sobre la base de la seriedad fiscal y monetaria que al país se le reconoce y logró generar normas y cambios de actitud que realmente relancen el progreso que el país supo tener no hace tanto tiempo. Ojalá no sea mucho pedirle.