El diagnóstico del Banco Central sobre la situación macroeconómica del país —reflejado en el Informe de Política Monetaria, IPoM, publicado esta semana— tiene de dulce y de agraz. Por un lado, el ente emisor da por finiquitado el gran período de desequilibrios macroeconómicos originados en la pandemia. Este proceso de estabilización no ha estado exento de dificultades —especialmente producto del nivel de tasas de interés real que ha sido requerido—, pero representa una señal exitosa de ajuste monetario y fiscal. Esto es lo que, seguramente, ha destacado el semanario británico The Economist al referirse a Chile en un comentado ranking esta semana.

En cuanto al IPoM, aunque el diagnóstico de normalización macroeconómica no esté explícito, la convergencia de la inflación a la meta de 3% en los próximos trimestres, junto con la normalización de la demanda agregada, anticipan una caída relativamente rápida de la tasa de política monetaria hacia niveles más cercanos al neutral. En un contexto donde la Reserva Federal de Estados Unidos también ha dado señales de baja de tasas, el espacio para que el Banco Central actúe se ha abierto.

La parte negativa del informe, sin embargo, es la confirmación de que la economía chilena ha perdido su dinamismo y que las perspectivas de crecimiento son mediocres. El punto es que ya no hay espacio para culpar de ello a crisis externas o el covid, sino que se trata simplemente de la falta de impulso de oferta y de políticas que privilegien el crecimiento.

En esto, los números son decidores. Luego de un estancamiento en 2023, el Banco Central anticipa un crecimiento de 1,5% el próximo año, en parte impulsado por un dinamismo extraordinario de la minería. Descontado ese factor, el grueso de la actividad estaría creciendo cerca de 1,3%. Hacia adelante, el crecimiento potencial se estima bajo 2%, lo que genera un escenario de estancamiento en el empleo y en los salarios reales.

Como ya se ha comentado en otras ocasiones en estas páginas, este escenario no solo hace imposible el financiamiento de programas de gasto fiscal hacia adelante, sino que también representa una fuente de desafección importante de la población con el sistema político, poniendo un manto de duda sobre las perspectivas futuras del país. Cualquier reforma tributaria que busque simplemente reasignar recursos entre sectores sin efectos positivos en la actividad económica palidece en comparación con los beneficios que puedan tener políticas que promuevan el crecimiento.

El estancamiento de la economía chilena es un hecho, y modificar esta trayectoria es la principal responsabilidad del Gobierno. Las proyecciones del IPoM representan una señal clara sobre su urgencia.