Con el hábito de leer de todo en los medios, es corriente que queden rondando temas abordados por distintos autores, sin ser de nuestro radar habitual, pero preocupan por la importancia que tienen para el país.

Es el caso de los comentarios acerca de las llamadas “permisología” o “tramitología”. Neologismos sobre el conjunto de permisos y trámites presentados a reparticiones gubernamentales por entidades privadas de distintos sectores, para obtener la aprobación de proyectos de inversión. Contienen una carga implícita de molestia porque sus estudios resultan excesivamente prolongados al utilizar formatos desactualizados, sin plazos delimitados, o de existir no se cumplen. Burocracia que transita a nivel nacional, regional y local, cuyos servicios trabajan descoordinadamente. En definitiva, se reclama que el modelo “es ineficiente, genera incerteza jurídica… es confuso y discrecional”.

Por ejemplo, Chile tiene ventajas comparativas para implementar la industria del litio, pero su explotación en forma sustentable exige a las empresas recurrir a la desalinización. Una planta de este tipo “puede tardar casi 11 años antes de empezar a invertir y operar”, y conste que un proyecto en sí, el del litio, puede tardar otro tanto. ¿No parece insólito? El ministro de Hacienda está consciente del problema: “ayudar a que las inversiones se hagan respetando el medio ambiente, más que dificultarlas”. El Presidente anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso que supuestamente agilizaría el sistema.Y, entre los privados, cifran esperanzas en que exista real determinación, porque no todos en el Gobierno demuestran voluntad, apuntando a la autoridad medioambiental, por ser “responsable del fracaso de varios proyectos”.

Una publicación devela los perfiles de asesores que tiene el ministerio como especialistas en la materia, posgraduados, de lo cual puede deducirse que portan visiones académicas dogmáticas y también, por sus historiales, parecen ambientalistas militantes, lo cual quizás explique la rigidez con que evalúan proyectos y la pulsión por una “evaluación política”, consecuente con sus vinculaciones partidarias. Además creen tener buena reputación por su rigor técnico, seguros de que su tarea es una condición del desarrollo (ministra Maisa Rojas).

Chile ya tiene conciencia ambientalista en todos los niveles, hay consenso en promover su protección y acuerdo por mantener estándares razonables que permitan el desarrollo sostenible; claro que se protesta contra el excesivo rigor: “la mayor amenaza para el desarrollo del país”, o como lo dijo el expresidente Eduardo Frei: “nos está matando”. ¿No será un perfecto contrasentido, pensando en el estancamiento económico del país y que sus prospecciones son similares, súmese baja inversión, cesantía que afecta mayormente a sectores vulnerables y clase media, más un escenario internacional negativo y que se prolongará?

No vaya a ser cosa que se cumpla la estimación que circula hace tiempo: que los gobiernos de izquierda dura —no de centroizquierda— empobrecen los países. Antecedentes hay, en Chile y Latinoamérica.