En el período 1985-2013, Chile creció a una tasa promedio anual del 6%, que hizo posible no solo mejorar una serie de indicadores sociales, sino que también alcanzar el primer lugar en ingreso per cápita y en el índice de desarrollo humano de la región. Estos avances se lograron gracias al sólido crecimiento y a políticas sociales aplicadas durante ese período.

El alto crecimiento se sustentó principalmente en reformas económicas e institucionales que contribuyeron a la estabilidad macroeconómica y financiera y a crear un marco propicio para fomentar el emprendimiento, el ahorro, la inversión, el empleo y los aumentos de productividad. Entre estas políticas destacan la consolidación de la institucionalidad macroeconómica y financiera, mediante la aprobación y consolidación de la autonomía del Banco Central y el logro de la estabilidad fiscal, apoyada luego por la regla fiscal y el fortalecimiento de los mercados financieros y de capitales. También se consolidaron los derechos de propiedad, se realizó una apertura temprana de la economía, se firmaron acuerdos comerciales para mejorar las condiciones de acceso de nuestras exportaciones y se modernizó la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria mediante concesiones. Los beneficios de estas reformas se potenciaron con un contexto internacional que facilitó el mayor acceso de nuestras exportaciones a mercados cada vez más globalizados y, en particular, el gran salto en el crecimiento de China, que dio un impulso a la demanda por minerales y productos agroindustriales, beneficiando directamente a Chile en el proceso.

Sin embargo, este progreso se ralentizó en la última década debido a una significativa disminución en la tasa de crecimiento, que alcanzó solo 2,2% promedio en el período 2013-2022. Surge entonces la pregunta de cuáles son las causas de este declive.

Primero, las políticas internas adoptadas en este periodo han afectado negativamente los incentivos al ahorro, la inversión y crecimiento de la productividad. Sucesivas reformas tributarias y las crecientes dificultades que enfrenta la aprobación de proyectos, producto de una burocracia interminable y poco predecible, han aumentado la incertidumbre, perjudicando la inversión. Esta burocracia ha sido ampliamente documentada por estudios internos y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y reconocida por todos los gobiernos, sin embargo, abordarla ha sido un desafío político considerable. En paralelo, el sistema político ha sido incapaz de avanzar en reformas destinadas a mejorar nuestro capital humano, como la ampliación de cobertura y mejora de la calidad de la educación temprana y en niveles superiores. Ello limita la innovación y aumentos de productividad necesarios para continuar impulsando el crecimiento, al tiempo que afecta negativamente las mejoras en equidad y distribución del ingreso. Además, se han postergado reformas en salud, pensiones y seguridad interna, fundamentales para mejorar equidad, calidad de vida y reducir tensiones sociales.

Al mismo tiempo, el panorama internacional ha experimentado un declive tras el resurgimiento de políticas proteccionistas en países avanzados y en China, asociadas al fortalecimiento de las cadenas de suministro, la preponderancia de la seguridad nacional y la promoción de energías limpias y la electromovilidad. A su vez, las relaciones entre EE.UU. y China, ambas fuerzas impulsoras de la globalización entre 1990 y 2017 y socios comerciales importantes de Chile, han sufrido deterioro.

Más aún, China, nuestro principal mercado externo, enfrenta hoy una serie de desafíos internos, que afectan sus perspectivas de crecimiento: crisis inmobiliaria, problema de deuda y tensiones financieras asociadas a ambas. Para mitigar el impacto adverso del panorama internacional y de China es urgente mejorar el acceso a otros mercados. El Acuerdo Transpacífico, que Chile firmó recientemente, es un importante paso en esa dirección.

Esta nueva realidad encuentra a Chile con un crecimiento potencial que se ha reducido significativamente en la última década, estimándose alrededor del 2% anual (inferior al 1% per cápita).

Para incrementar el crecimiento potencial es esencial enfocarse en: el capital físico, el trabajo ajustado por su componente de capital humano y la productividad agregada. El crecimiento del capital físico ha sufrido los efectos de la caída de la inversión, que bajó más de 3 puntos porcentuales del PIB en la última década. Para aumentar la tasa de inversión se necesitan políticas públicas que reduzcan la incertidumbre, agilicen los procesos de aprobación y ejecución de proyectos y fortalezcan el Estado de Derecho. Además, tras una caída de la tasa de ahorro nacional de 6,3 puntos porcentuales del PIB entre 2013 y 2022, es necesario implementar políticas que fomenten el ahorro. Ello permitiría financiar incrementos en la inversión sin depender excesivamente del ahorro externo, que afecta nuestra vulnerabilidad externa.

El crecimiento del trabajo ajustado por capital humano ha sufrido los efectos del deterioro generalizado de la calidad de la educación escolar y la baja preocupación por fortalecer la educación temprana. Adicionalmente, la calidad de la educación y la capacitación sufrieron los efectos de la pandemia y la prolongada suspensión de clases en establecimientos públicos. Se requiere de manera urgente un programa enfocado en abordar las brechas en el aprendizaje y en fortalecer la educación temprana.

Por su parte, el aumento en la productividad agregada depende, entre otros factores, de la inversión, la calidad del capital humano, la innovación, y las facilidades para reasignar recursos hacia áreas más productivas.

Dado el bajo crecimiento potencial y las demandas de la población para retomar el progreso y fortalecer los derechos sociales, resulta urgente avanzar en una agenda país que trascienda el período presidencial. Esta agenda debería enfocarse en las reformas necesarias para remover obstáculos y seguir progresando con equidad y una protección adecuada del medio ambiente. El Consejo Constitucional trabaja en un proyecto de nueva Constitución, es importante que incluya propuestas que contribuyan a fortalecer el sistema político, para facilitar los acuerdos que permitan retomar el camino del progreso.