Confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Desde la perspectiva de un país, confianza es creer en la buena fe de quienes gobiernan y dirigen las instituciones. No hay código de conducta alguno, ni reglamento, que puedan garantizar esa buena fe en el actuar de una autoridad; pero es el mínimo que se espera de quien nos representa en el Estado. Según Kant, es la buena disposición a cumplir la ley.

Perdida la confianza, la democracia se envilece, porque la fe pública es esencial para el funcionamiento de un Estado de Derecho. A los chilenos nos han pulverizado la confianza en varias formas. La última es el ominoso desvío de grandes fondos vía instituciones supuestamente creadas para ir en ayuda de los más pobres. En Chile aún no habíamos conocido la ruin corrupción pura y dura que saca, literalmente, la comida de la boca a los más necesitados.

Otra manera de liquidar la confianza fue la imparable destrucción durante el estallido de octubre. La autoridad central no tuvo la decisión política de defender a la ciudadanía ni tampoco los símbolos nacionales, como la estatua de Baquedano y el soldado desconocido, que recuerda a quienes murieron en defensa de algo superior, llamado patria. Es un símbolo que se honra en todas las democracias del mundo, y es lo primero que visitan las autoridades extranjeras. La excepción fueron los marinos ante el inminente saqueo al monumento del héroe Prat: su defensa transmitió que aún queda algo sagrado en Chile, sagrado en el sentido de nación. No soy patriotera ni me gustan los nacionalismos exacerbados, que dan origen a conflictos y guerras. Pero creo que Chile no es una mera suma de intereses particulares y pulsiones de moda, sino una nación, con historia, soberanía y símbolos que nos unen. Borrar de un plumazo el nombre del general Bulnes de una calle del centro histórico no puede dejar indiferente a nadie. No persiste una nación en el tiempo si se dejan de valorar sus símbolos históricos.

Lo de octubre fue la violencia de masas, amparadas en el anonimato y la pérdida de todo control racional. Pero la actual corrupción desde instituciones es un ataque racional y planificado a la yugular del Estado, un agravio especial por la asociación de los conceptos pobreza-beneficencia-corrupción. Debe haber pocos chilenos que no estén indignados.

Debido a lo extremo de estos abusos, y precisamente por eso, tal vez surja una necesidad de revalorar lo que hacía muy respetable a Chile hasta hace poco: cierta seriedad, cierto respeto por instituciones que, aún imperfectas, funcionaban y daban garantías mínimas.

Una vez superada la etapa de las actuales autoridades, sería muy notable —y prueba de solidez como país— que los chilenos salgamos fortalecidos: que el impacto transversal de tanta tropelía y tanta soberbia nos lleve a recuperar nuestro sentido de nación y de pertenencia.