Mientras el dinero de los ciudadanos honestos pagadores de impuestos se roba y despilfarra a manos llenas, el ministro Marcel y el Gobierno insisten en seguir metiéndonos la mano en el bolsillo. Y, como siempre, lo hacen prometiendo que el país va a estar mejor si tan solo ellos, los responsables del desmadre, manejan más de nuestra plata.

Esta película la vimos hace no mucho con la reforma tributaria de Bachelet II, que asestó un golpe demoledor a la inversión y la economía. No podemos olvidar que el gobierno de la retroexcavadora justificó parte importante de su proyecto en la idea de que era cosa de cobrar más a los ricos para que todo Chile llegara al paraíso. En el sitio oficial del Palacio de La Moneda se publicó un video en defensa de la reforma tributaria en que se decía que quienes atacaban la propuesta eran “los poderosos de siempre que defienden sus intereses”. Según el video, la clase media no iba a pagar ningún costo por la reforma, pues esta respondía al hecho de que “no era justo que los más ricos de Chile no paguen lo que les corresponde”. El video, impregnado de un lenguaje resentido que comparaba el ingreso del “jefe” con el de la “secretaria”, añadía que el “99% de lo recaudado” lo pagaría el “1% más rico”. Estos ricos, decía el Gobierno, eran 4.500 familias dueñas de “grandes empresas” con un ingreso superior a los 82 millones de pesos mensuales. Se trataba, añadía, de “reducir la desigualdad” y se aseguraba a la población que esta iniciativa permitiría tener “mejor educación pública de calidad y gratuita”, además de “mejor salud pública con más y mejores hospitales”, más “accesos a la cultura, al deporte y a un medio ambiente limpio y mejores pensiones”.

En otras palabras, el 1% de los ricos de Chile y su codicia de no querer compartir parte de sus “privilegios” era todo lo que frenaba una explosión dramática y multidimensional de la calidad de vida de los chilenos. “Los que tienen más pagarán más”, insistía la propaganda del Gobierno, y agregaba que quienes criticaban la reforma buscaban “engañar” a la gente poniéndole trabas a la posibilidad de conseguir más “igualdad”.

Como es sabido, todo esto fue una vulgar mentira para avanzar en la causa de desmantelar el sistema económico. ¿O usted cree que los activistas que promovieron las reformas de Bachelet II no tenían idea de los efectos que generarían estas sobre la calidad de vida de la población? Muchos lo advertimos y los datos posteriores lo confirmaron. Entre 2004 y 2013, el crecimiento promedio del PIB real fue de 4,8% y el PIB per cápita se incrementó en 3,7%. De 2014 a 2023, en cambio, el crecimiento de la economía ha sido de un magro 1,9% en promedio anual y si se ajusta por el crecimiento de la población, este cae a un 0,6% per cápita por año. Si entre 2004 y 2013 se creaban en promedio 206 mil empleos por año, entre 2014 y 2023 tan solo se crearon 93 mil empleos anualmente. La inversión, que creció en alrededor de un 10% por año entre 2003 y 2014, lo hizo apenas a un 0,8% real anual en la década posterior a las alzas de impuestos. Al mismo tiempo, los salarios reales, que crecieron un 2,45% promedio anual en el primer período, lo hicieron un escuálido 1,2% en la última década.

Esto es grave, pues como bien explicaron los economistas Gonzalo Sanhueza y Arturo Claro, quienes han expuesto los datos anteriores, para una familia con dos ingresos de un promedio mensual de 681.000 pesos, la diferencia entre ver salarios creciendo a 2,45% y 1,2% es de 2.183.500 pesos de ingresos menos por año tras una década.

Además, si hubiéramos crecido a un 3,8% real anual desde 2013, lo que con gran probabilidad habría ocurrido en ausencia de la retroexcavadora, los ingresos fiscales serían hoy un 26% superiores a los que son. En otras palabras, la reforma tributaria de Bachelet II, cuando se consideran todos los factores, redujo los ingresos fiscales.

Sin duda la incertidumbre institucional, el permanente cambio en las reglas del juego y el proceso constituyente que pretendió refundar Chile en la línea chavista, contribuyeron también de manera importante a nuestra decadencia. Pero no hay que engañarse, pues tanto las reformas de Bachelet II, como la Constitución rechazada y las propuestas tributarias de Marcel, son parte de un mismo objetivo que es el de destruir, paso a paso, el orden “neoliberal” o, para algunos,“derrocar” el capitalismo. No verlo, a estas alturas, más que ingenuidad es tontera.

Ningún político ni líder de opinión que sea consciente del daño que la voracidad tributaria de nuestra dirigencia rapaz ha hecho a las personas comunes y corrientes puede apoyar nuevas alzas de impuestos. La prioridad es mejorar el gasto y reactivar la economía, no alimentar más a una casta política inepta que raya cada vez más en la cleptocracia.