La catástrofe ambiental global y nacional no solo reduce la calidad de nuestras vidas. También disminuye la probabilidad de supervivencia futura de todas las especies, incluyendo al homo sapiens. Para enfrentar esta catástrofe —que incluye, pero no se reduce solo al cambio climático—, la humanidad enfrenta una ventana de tiempo pequeña para cambiar radicalmente sus patrones de producción y consumo, y su uso de los recursos naturales.

El bienestar de nuestra sociedad depende de la naturaleza y la biodiversidad. La biósfera —nuestro ecosistema global— permite que haya vida en la Tierra, por lo que es clave en el bienestar social. Nuestra economía solo se sostiene en la medida que exista nuestra biósfera. Sin una biodiversidad sana no se pueden mantener las contribuciones elementales que entrega la naturaleza (como la provisión de alimento y la disponibilidad de agua, entre muchas otras).

Desde el ámbito económico, la naturaleza y biodiversidad se puede entender como un activo (al igual como el capital producido o el capital humano). Toda nuestra economía depende de este activo: el capital natural formado por la naturaleza y biodiversidad. Al no valorar ni considerar las contribuciones de la naturaleza, la naturaleza y la biodiversidad se destruyen, lo que tiene costos altísimos que ponen en riesgo la sobrevivencia humana.

Desde 1970 y hasta el presente, hemos eliminado el 70% de la biomasa de animales salvajes en el mundo, y un 94% en América Latina (WWF, 2022). Los precios nulos o bajos imputados a la mantención de la naturaleza han llevado a sobreexplotar nuestros activos naturales, destruyéndolos sistemática y globalmente. Por ello es fundamental que los Estados y actores relevantes reconozcan y valoren el capital natural de nuestra biósfera.

Los paneles internacionales de científicos (IPCC e IPBES) analizan y documentan la catástrofe ambiental global y sus consecuencias futuras bajo distintos escenarios. En base a este conocimiento, las instituciones internacionales promueven acuerdos globales para alcanzar la emisión neta cero de gases de efecto invernadero y proteger de forma efectiva la biodiversidad y los ecosistemas.

En Chile tenemos muy malas noticias sobre las pérdidas de biodiversidad y ecosistemas. Se estima que de 1.433 especies clasificadas en el país un 63% se encuentra en peligro. Además, un 50% de nuestros ecosistemas terrestres se encuentran amenazados.

Por otra parte, tenemos tres buenas noticias recientes. Primero, el Congreso aprobó —¡después de 13 años!— la Ley para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. El SBAP se encargará de la conservación de la biodiversidad, administrando el sistema nacional de áreas protegidas e identificando los sitios prioritarios para la biodiversidad y las estrategias de restauración ecológica. Esta ley también aumenta en un 58% el aporte fiscal directo a la conservación. Aunque Chile tiene una elevada superficie presente de áreas protegidas marinas (cubre un 42% del mar chileno) y terrestre (22% de la tierra), se trata de conservar mejor dichas áreas y de aumentarlas, a través del SBAP.

Segundo, se formó el Comité de Capital Natural, integrado por el Banco Central y los ministerios de Hacienda y Medio Ambiente. Su rol es promover la medición, valoración, protección, restauración y mejoramiento del capital natural de Chile, proponiendo políticas públicas que apoyen el desarrollo sostenible de nuestro país. El test ácido de la efectividad del Comité será la medición de stocks y flujos de los activos naturales y la estimación de sus precios, que deberán reflejarse en las cuentas nacionales y en las decisiones de producción, inversión y consumo de cada agente económico en Chile.

Tercero, la Comisión Conservación, Institucionalidad y Filantropía del Centro de Estudios Públicos está publicando su informe final, que contiene un diagnóstico y presenta 30 propuestas de políticas públicas de conservación de la biodiversidad para mejorar la institucionalidad y gestión pública, e incentivar la participación y filantropía privada para la protección de áreas silvestres. Estas medidas tienen un bajo costo en régimen, de US$ 200-365 millones, equivalentes a 0,1% del PIB. Sería muchísimo más costoso no cuidar nuestra amenazada naturaleza y biodiversidad.