Las reacciones que suscitaron las declaraciones de Patricio Fernández, sumadas a las declaraciones del diputado Alessandri justificando el Golpe, muestran que hay una discrepancia radical en la forma de enfrentar los hechos de hace medio siglo.

¿Cuál es esa discrepancia?

Es doble. Una de ellas se relaciona con el tipo de juicios que la izquierda y la derecha emiten frente al Golpe, la otra es el papel de las víctimas.

Examinemos cada una en ese orden.

Comencemos con los juicios que la izquierda y la derecha emiten.

Hay quienes, en la izquierda, piensan que la condena moral que merecen el Golpe y las violaciones a los derechos humanos hace inútil atender a las causas que los produjeron. Y en la derecha hay quienes creen que si hay causas que condujeron al Golpe, entonces, como lo acaba de declarar el diputado Alessandri, él está justificado.

Ambos puntos de vista se niegan a aceptar que una cosa es condenar o justificar una acción y otra distinta, explicarla. Y al hacer esto cancelan una de las distinciones más obvias de la cultura y el lenguaje humano.

En efecto, desde muy antiguo se observa que una cosa es preguntarse qué ha ocurrido y otra cosa distinta preguntar si acaso debió ocurrir. Una cosa es constatar los hechos (¿qué causas concurrieron en el Golpe?), otra distinta es valorarlo moral o políticamente (¿fue correcto el Golpe?). Una cosa son las circunstancias que condujeron al Golpe (su facticidad); otra cosa es que haya debido ocurrir (su moralidad). Sin distinguir entre lo que es, por una parte, y lo que debe ser, por la otra, ninguna reflexión moral puede emprenderse.

Por eso, si la facticidad tuviera la última palabra (si bastara constatar un hecho o sus causas para aceptarlo), el punto de vista moral no sería posible. Por la inversa, si la moralidad pusiera el punto final (si bastara decir que algo no debió ser para que todo lo demás sobre) es el conocimiento el que estaría de más.

Así entonces, la izquierda debe aceptar que es necesario reflexionar sobre las causas del Golpe (sin perjuicio de condenarlo), y la derecha aceptar que es necesario condenarlo (sin perjuicio de examinar las causas que lo produjeron).

Pues bien, una vez que se acepta esa obvia distinción, resta ahora otra pregunta relativa al lugar de las víctimas; ¿tienen ellas alguna ventaja acerca de la hora de pronunciarse en alguno de esos planos?

Las víctimas, no cabe duda, tienen derecho a la memoria, a la justicia, a la reparación y los sobrevivientes, a hablar por aquellos que ya no pueden hacerlo.

Pero dicho eso, parece obvio que las víctimas no tienen ventaja a la hora de discernir las causas de lo que padecieron o a la hora de emitir juicios morales sobre el proceso histórico en medio del cual ocurrió su tormento. Sus juicios a ese respecto no son en sí mismos superiores al juicio de ningún otro ciudadano. En una frase, la condición de víctima no concede ninguna ventaja epistémica. Las víctimas tienen todo el derecho de reclamar memoria, justicia y reparación; pero no deben aspirar al monopolio del juicio moral ni histórico sobre lo que les ocurrió.

Así entonces, frente al Golpe hay que admitir que todos, sean o no víctimas, tienen igual derecho a emitir juicios; aunque deben distinguir entre el juicio fáctico (las causas de lo que ocurrió) y el juicio moral (si debió ocurrir).

Y se pueden discutir las causas del Golpe, pero no su condena.

¿Y por qué —se dirá— si se admite la discrepancia respecto de las causas que condujeron al Golpe, se reclama unanimidad en su condena? ¿Acaso no es posible discrepar en ambos planos, como lo acaba de hacer el diputado Alessandri al sostener que el Golpe estaba justificado?

Lo que ocurre es que en una sociedad democrática es posible discrepar acerca de los hechos o causas de un cierto evento, sin que ello desmedre o deteriore la convivencia; pero lo que no puede ocurrir es que haya discrepancia acerca de las reglas de la comunidad política. En otras palabras, se puede discrepar acerca de cómo son o cómo fueron estos o aquellos hechos, y acerca de qué circunstancias o acciones contribuyeron a producirlos; pero lo que no puede ocurrir es que los miembros de la sociedad democrática discrepen acerca de cómo deben convivir.

Y es que la convivencia democrática (y no solo ella) requiere ciertos compromisos incondicionales, ciertos imperativos categóricos, principios cuya validez ningún ciudadano, menos un diputado, deberá relativizar.