Transcurridos algunos días desde la Cuenta Pública, decantado el contenido del discurso y oídas las reacciones, este hito no parece haber marcado un punto de inflexión en la conducción del Gobierno. Más allá de los reiterados llamados del Presidente de la República, Gabriel Boric, para alcanzar acuerdos y acotar las prioridades, la posibilidad de avanzar en sus reformas centrales en el Congreso parece ahora más lejos. Hubo poco y nada que diera cuenta de novedades en el contenido de sus principales proyectos. En cambio, se ató la aprobación de la reforma tributaria a las más diversas materias —sin importar que no dieran los números—, incluyendo controvertidas promesas de campaña que benefician a grupos de interés cercanos al oficialismo. A ello se agrega un número no menor de errores o al menos confusiones, que obligaron a los ministros a salir el día siguiente a aclarar o a decir que se había entendido mal, y también tener que dar explicaciones por las contradicciones entre lo que se había dicho hace solo algunas semanas y lo que ahora se anunciaba.

Lo ocurrido con el Crédito con Aval del Estado (CAE) es la mejor muestra de esta falta de claridad que termina debilitando cualquier intento serio de alcanzar acuerdos. En su discurso, el Presidente reiteró su compromiso “a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria”; el ministro de Educación consultado después sobre la condonación del CAE sostuvo que “lo que hace el Presidente es reforzar la definición que ya había hecho el año anterior, que esta medida estaba vinculada a la reforma tributaria”; el secretario general del Partido Comunista al día siguiente de la Cuenta profundizaba en esta línea, al sostener que “el discurso del mandatario ‘dejó demostrado ante todo el país por qué era y es tan necesaria, de tanta sensibilidad social, la reforma tributaria'. Sobre todo para atender demandas como la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica de los profesores (...)”, según consignaba en su medio electrónico El Siglo destacado en la portada.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sin embargo, al día siguiente de la Cuenta expresamente desvinculó el pago de la deuda educativa a los recursos de la reforma tributaria, señalando, “que debe tener su propia fuente de financiamiento”. Lo sostenido por el ministro Marcel no solo es difícilmente conciliable con lo dicho por el Presidente y la interpretación que cualquier observador hubiese dado al discurso, sino que tampoco tiene demasiado sentido, pues el dinero es un bien fungible: lo utilizado en un ámbito probablemente permitirá liberar otros recursos que pueden destinarse a distintas materias, incluyendo, por ejemplo, el pago del CAE. De cualquier forma, si no fuera este el caso, aprobada una reforma tributaria crecerá la presión de los grupos de interés afectados por este desconocimiento de una promesa, la que seguramente se hará sentir con fuerza en la calle. Un adelanto de ello es la amenaza de paro del Colegio de Profesores frente a la llamada “deuda histórica”, situación que se definirá en las próximas semanas.

Manejo de los fondos públicos

Las malas cifras en empleo y crecimiento conocidas esta semana son también un factor que les resta fuerza a las posibilidades de avanzar en las reformas que impulsa el Gobierno, pues existen pocas dudas de que ellas van en un camino muy distinto a las necesidades económicas de apuntalar la debilitada economía nacional. La aprobación de la jornada laboral de 40 horas, el royalty minero y un aumento del salario mínimo, difícilmente no tendrán un impacto negativo en la creación de empleo, favoreciendo la informalidad. Así, agregar ahora nuevas trabas, en proyectos que tienen una alta carga ideológica, en que el Estado es el protagonista, parece un sinsentido mayor. Como contraparte, los anuncios del Gobierno para impulsar la actividad económica no guardan relación con la magnitud de la crisis ni con los efectos que supondrán para la recuperación de la actividad sus reformas emblemáticas, sobre todo la tributaria. Tampoco ayuda a las confianzas la controvertida forma en que se ha producido la salida del subsecretario de Previsión Social, sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de las graves denuncias.

La renuncia del viernes de Gianna Cunazza, que era la persona que había apoyado el Gobierno para liderar la organización de los Panamericanos —salida que ocurre en medio de una serie de denuncias por problemas de gestión y millonarias irregularidades en la administración—, vuelve a colocar en el centro del debate el mal uso de los recursos públicos. Otra mala noticia para quienes impulsan una reforma tributaria en un Estado que presenta demasiadas deficiencias para controlar el debido gasto de los fondos públicos existentes. Cabe exigir de las autoridades un completo esclarecimiento acerca de lo ocurrido y de los montos eventualmente involucrados, incluyendo la determinación de las responsabilidades en caso de que procedan.