El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, estuvo de gira por Shanghái y Beijing, donde sostuvo reuniones de alto nivel con empresarios y funcionarios del gobierno chino. Una vez sentada la delegación trasandina frente a la de su par, el poderoso ministro Wang Wentao, Massa fue desafiado a que Argentina declare la “neutralidad tecnológica” en la disputa entre China y Estados Unidos por el 5G. “La tecnología es tecnología, no es de izquierda ni de derecha. Yo visito otros países y veo los problemas que hay de conexión, cómo se cortan las llamadas, lo invito a que pruebe cómo funciona el 5G acá”, le espetó Wang al ministro argentino.

El pedido chino por neutralidad en lo tecnológico es al menos ingenuo, inconsecuente y tardío. En primer lugar, el despliegue de compañías como Huawei en Latinoamérica ya ha demostrado ser exitoso a pesar del lobby estadounidense en su contra. Durante el pleno de la batalla comercial entre Donald Trump y Xi Jinping, en abril de 2019, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo visitó Chile, Colombia, Paraguay y Perú, donde reprendió a las economías emergentes por dejarse seducir ante los préstamos de Beijing. Pompeo dijo que hacer negocios con Huawei ponía en riesgo la cooperación de Estados Unidos con sus socios en la región.

El reclamo norteamericano cayó, sin embargo, en oídos sordos. Desde entonces, Huawei ha abierto sucursales en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela, donde lidera proyectos junto a universidades, gobiernos locales y empresas privadas. Hoy en día, Huawei está negociando con el Grupo Clarín para ser el proveedor del 5G de Telecom en Argentina, ofreciendo al grupo financiar la operación con un crédito flexible y a una tasa preferencial.

Por otro lado, son muchos los países que se han sumado a Washington y han expulsado y restringido de sus mercados al conglomerado chino, declarándolo un riesgo a la seguridad nacional, incluidos Australia, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido, Francia, Suecia, Rumania, Bélgica y Dinamarca, entre otros.

Aquí no existe tal cosa como la neutralidad tecnológica. Estos gobiernos han convocado paneles independientes para revisar exhaustivamente las vulnerabilidades de los proveedores de redes 5G chinos, quienes frente a la presión del gobierno están supeditados a juiciosas normas de escrutinio. La ley de inteligencia china obliga a cualquier empresa a cooperar en materias de seguridad nacional, lo que significa que los datos que transiten a través de China, o sean procesados por una empresa nacional, están potencialmente disponibles para uso del gobierno.

Sin ninguno de los resguardos democráticos que tienen países como los nuestros (tribunales independientes, partidos de oposición y prensa libre, entre otros), el gobierno chino tiene a su merced el acceso sin limitaciones legales a la recolección y uso posterior de datos a escala mundial. Ya que Beijing está lejos de ser un actor neutral, ni menos uno propiamente justo en su propio territorio, resulta antojadizo pedir que otros países lo sean solo para resguardar sus propios intereses comerciales.

Avanzar con China

Beijing navega un momento complicado en casa y en el exterior. Xi ha sido criticado por su férreo control político, incluyendo un control cuasi total del régimen que instauró un culto a su persona y atizó el nacionalismo. En lo comercial, Xi necesita consolidarse en los mercados emergentes producto de la presión de las economías del G7, quienes llamaron a resistir la “coerción económica” de Beijing. La relación bilateral entre EE.UU.y China, incluidos los roces por semiconductores, los controles de exportación e inversiones extranjeras, mantiene en vilo a los países que miran con atención el reacomodo global de poderes.

La batalla por el 5G en América Latina sin duda que podría conducir a consecuencias sin precedentes si acaso Beijing logra asegurar contratos a nuevas redes en la región. Por ejemplo, EE.UU. podría suspender el intercambio de inteligencia con socios latinoamericanos, o incluso llamar a la prohibición de empresas nacionales de presentar ofertas en algunos contratos de defensa, privilegios que Washington ha extendido a muchos países, incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México.

Que el episodio Massa-Wang entonces nos sirva de lección. Latinoamérica tiene que pedir a China que sus empresas compitan abiertamente y que transparenten su relación con el Estado central. Una política comercial franca y sustantiva debería ahorrarle a Beijing demandar que otros países se restrinjan bajo el supuesto de la imparcialidad. La neutralidad tecnológica implica arrebatar la “política” (que de por sí no es neutral) a la política económica de los países en la región, muchos de los que ya están tramitando, bajo sus propias aprensiones, mayores resguardos a las infraestructuras críticas, incluidas las contenciosas redes de 5G.

Carlos Solar
Investigador sénior en el Royal United Services Institute en Londres.