Las cuentas públicas son una oportunidad no solo para que el jefe del Estado enumere lo que considera son los logros más importantes de su gestión, sino para que también entregue su visión de futuro y progreso. En más de tres horas, el Presidente hizo lo primero, pero perdió la ocasión de clarificar lo segundo.

Su largo discurso tuvo, en general, un tono conciliador. La palabra “acuerdo” se repitió casi 30 veces, mientras que “diálogo” se usó en 14 oportunidades. Sin embargo, en lo que pareció un esfuerzo por desmentir las transversales críticas a la capacidad de gestión de esta administración, por largos pasajes se cayó en un más bien tedioso listado de aspiraciones, proyectos y logros, sin un sentido ordenador.

Entre los logros, resaltó el copago cero en Fonasa, la ley para el pago efectivo de las pensiones de alimentos, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del sueldo mínimo a $500 mil, la norma que asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguarda la inclusión social de personas con trastorno del espectro autista (TEA) y el royalty minero. En cuanto a la reducción de las listas de espera en salud y los avances en el plan de emergencia habitacional, son iniciativas en desarrollo y cuyas cifras han generado cierta controversia.

En materia netamente económica, el Presidente mencionó el aumento en la inversión y un crecimiento del PIB de 2,4% en 2022. El primer dato debe ser interpretado con precaución, pues los factores que incidieron, por ejemplo, en la mayor inversión extranjera directa están asociados con una normativa tributaria (reinversión de utilidades de empresas) cuestionada por la misma autoridad. Adicionalmente, la ausencia de medidas contundentes en materia de atracción de inversiones sugiere que el tema sigue sin ser asumido como una real prioridad por La Moneda. Y en materia de PIB, el año 2022 fue anómalo: su primer trimestre estuvo fuertemente influido por las medidas expansivas tomadas en 2021. Desde entonces, la evolución ha sido negativa. El Imacec reportado esta semana —caída de -1,1% anual— lo confirma.

Tres ejes y muchas dudas

La estructura de la Cuenta comprendió tres ejes: derechos sociales, más y mejor seguridad pública, y desarrollo sostenible.

En derechos, el Presidente expuso sus agendas laboral, de pensiones, salud, educación, niñez, cultura, sistema nacional de cuidados, mujer, migración, vivienda, transporte y conectividad. Fue un largo listado de acciones, no siempre interconectadas, que de implementarse significarían importantes desembolsos.

Dos ejemplos en educación son ilustrativos. Primero, “terminar con el Crédito con Aval del Estado”, para lo cual “me comprometí a ingresar un proyecto en la medida en que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto de un nuevo pacto fiscal”. Y, en la misma línea, el condicionamiento de aprobar la reforma tributaria para resolver la “deuda histórica” docente. Así, cambios impositivos (y no el crecimiento) emergen como el pilar del financiamiento de una ambiciosa agenda. El problema es que solo el costo de las dos ideas antes mencionadas superaría con creces, y por varios años, el monto de los nuevos recursos. Tal vez ello explique por qué al día siguiente el ministro de Hacienda salió a precisar que la reforma tributaria no financiaría la condonación del CAE, la cual “debería tener su propia fuente de financiamiento”. Esto, evidentemente, no es consistente con el discurso presidencial o, al menos, con lo que el país entendió de él.

De este modo, si una de las apuestas era retomar la discusión de una reforma tributaria atándola a la posibilidad de atender las demandas sociales, la estrategia parece desarmarse, precisamente por el descalce entre los costos de lo que se promete y lo que en realidad podría ser cubierto. En efecto, ¿cómo discutir con seriedad una reforma si las prioridades respecto de la destinación de los recursos no son claras y en cambio se enumera un variopinto listado, que incluye desde problemas apremiantes hasta exigencias de grupos de presión afines al oficialismo?

El eje de “Más y mejor seguridad pública” abordó una batería de medidas que confirman el giro del primer mandatario en esta materia. Es de esperar que las importantes inversiones anunciadas permitan efectivamente revertir el clima de inseguridad que hoy se vive —para lo cual es fundamental asegurar el debido accountability—, lo que resulta central para reencaminar al país en la senda del crecimiento.

En cuanto al eje “Desarrollo sostenible”, el discurso no fue del todo preciso. También aquí la amplitud de temas impide identificar las reales prioridades del primer mandatario. Las referencias a la inflación abordaron solo parcialmente sus causas —omitiendo el impacto de los retiros previsionales que apoyó siendo diputado— y se combinaron confusamente con temas como los bonos, el fortalecimiento del Sernac y los planes de recuperación posincendios. A su vez, el listado de temas estructurales asociados a un potencial desarrollo de largo plazo, como la protección ambiental, modernización del Estado, descentralización, desarrollo científico, transición energética, agenda de inversión y productividad, cobre, litio e hidrógeno verde, no tuvieron posibilidad de ser tratados con alguna profundidad y precisar la relevancia que el Gobierno asigna a cada uno.

Así, la Cuenta Pública, valiosa en su opción por los acuerdos, dejó abiertas sin embargo importantes dudas respecto de la viabilidad conceptual y financiera de la agenda planteada. Más aún, resulta muy difícil, a partir de los contenidos del discurso, identificar las prioridades que podrían traer el progreso de vuelta al país.