La extensa Cuenta Pública entregada ayer por el Presidente Boric reveló a una administración que —como él mismo admitió— ha debido rebarajar y acotar drásticamente sus prioridades luego de un primer año marcado por las derrotas electorales y un durísimo choque con la realidad. En ese panorama, la ambiciosa apuesta refundacional con que el Gobierno llegara al poder parece hoy reducida a insistir en las reformas tributaria y previsional; esperar que la inyección de recursos en seguridad pública entregue a la larga resultados (no hubo una palabra sobre la reforma a Carabineros); realizar algunos gestos simbólicos altamente valorados por su electorado más duro, e impulsar —privilegiando la vía administrativa— medidas que si bien pueden ser populares, resultan de dudoso sustento técnico, como el fin de las tarifas eléctricas de invierno.

De un tono que evitó en general odiosidades e insistió en los acuerdos, hubo en el discurso, sin embargo, un constante emplazamiento a la oposición, intentando traspasar a esta el costo por el incumplimiento de las promesas gubernamentales. Ello fue particularmente claro en materia tributaria, reforma de la que —según el Presidente— dependería la posibilidad de concretar todo un abanico de medidas, desde la condonación del CAE hasta el pago de la “deuda histórica” docente, el financiamiento del sistema nacional de cuidados, el fin de las listas de espera o una respuesta eficaz contra la delincuencia. En esa línea, el mandatario introdujo presión al Congreso, al fijar julio como plazo para alcanzar un entendimiento y votar en el Senado la posibilidad de retomar la reforma que rechazara la Cámara. El mensaje fue más o menos evidente: si no hay acuerdo, se culpará a la oposición de negar los recursos para abordar sentidas demandas de las personas. Tal estrategia presenta, con todo, notorias debilidades. Desde luego, algunas de las medidas que se promete financiar, como la condonación del CAE, distan de ser reales urgencias sociales y corresponden a exigencias de grupos de interés cercanos al oficialismo. Pero, además, es tal la variedad de iniciativas que supuestamente se abordarían, que sobrepasan con mucho lo que se podría recaudar con un alza de impuestos, quitando credibilidad al discurso.

Con malas cifras económicas conocidas en la antesala y un modesto balance de logros, la Cuenta procuró realzar la gestión de esta administración estableciendo un contraste con la situación que vivía Chile en marzo de 2022 en materias como inflación, inmigración ilegal, déficit fiscal o violencia. En ese ejercicio, sin embargo, el Presidente omitió un hecho esencial: el papel jugado por él y por su sector político en que el país hubiera llegado a ese estado de cosas, aprobando sucesivos retiros previsionales, obstaculizando la reforma migratoria, presionando al Ejecutivo para expandir el gasto, acusando constitucionalmente a las autoridades encargadas del orden público o atribuyendo a Carabineros la ejecución de una sistemática política de violación a los derechos humanos. Esas acciones fueron determinantes para agudizar la crisis desatada a partir de octubre de 2019 y, tal como el Presidente sí reconoció el “error” de haber dificultado el retorno a clases pospandemia, le corresponde a su sector asumir también esas otras responsabilidades. Sin ello, constatar y lamentar ahora la violencia de las manifestaciones y el deterioro del espacio público parece una retórica vacía y hasta oportunista. Del mismo modo, la acertada crítica al desempeño de la Convención y el reconocimiento de que “debimos haber sido más firmes” en demandar mayor diálogo allí, pasa por alto otro punto fundamental: el Gobierno y el Presidente no fueron meros espectadores, sino que se jugaron decididamente por la aprobación de la propuesta constitucional elaborada por aquel órgano que defraudó las expectativas de los chilenos.

En fin, también la sentida reflexión respecto de los 50 años del golpe de Estado, certera en su reivindicación incondicional de los derechos humanos, termina adquiriendo un cariz unilateral y partidista cuando luego, al advertir contra situaciones actuales que dañan la convivencia, se omite cualquier referencia a la ofensiva impulsada hace menos de cuatro años por fuerzas de izquierda —incluido el PC, que sigue legitimando la “vía de los hechos”— para conseguir, atizando la violencia callejera, el término anticipado de un gobierno legítimamente elegido. Tal ha sido el momento más difícil vivido por la democracia chilena en tres décadas y, si se pretende asumir honestamente las “lecciones para el futuro”, no cabe desconocerlo.

Ovacionado por sus partidarios en pasajes como estos, ha de haber sido revitalizador para el jefe de Estado recibir ese apoyo de los suyos y de figuras como la expresidenta Bachelet. Menos claro es que las referidas omisiones sean el camino para materializar los elevados anhelos de unidad nacional expresados en esta Cuenta Pública.