El financiamiento de la gratuidad en educación superior alcanza actualmente un monto cercano a los dos mil millones de dólares y cubre a un 38 por ciento de los estudiantes de ese nivel. Esta cifra se ha multiplicado por un poco más de tres veces desde que se instituyera esta política, en 2016. Por cierto, en el mismo período hubo partidas que se redujeron (por ejemplo, las becas), otras que se congelaron y otras que aumentaron levemente. Con todo, el financiamiento público para educación superior habría subido casi un 60 por ciento entre 2015 y 2023. Este sería el mayor incremento observado en el mismo período entre todas las naciones que integran la OCDE. Pero como la gratuidad es principalmente reemplazo de inversión privada por pública, este importantísimo cambio presupuestario no ha significado más recursos para la educación superior.

Junto con ello, ha impedido que se pueda invertir más y mejor en otros niveles educativos. En Chile hay una gran deuda pendiente con la educación inicial. Los estudios realizados —por ejemplo, en el marco de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia— sugieren que, al ingresar a la educación obligatoria, las brechas entre estudiantes según su origen socioeconómico son casi tan grandes como las que se observan al final de la enseñanza secundaria. Este hecho constituye una clara señal de que, para ofrecer oportunidades más equitativas, es indispensable realizar mayores esfuerzos educacionales (y de apoyo a los hogares) en la primera infancia. Por lo demás, las más altas tasas de pobreza en el país se registran precisamente en esa edad. Invertir, entonces, en esta etapa tiene enormes retornos sociales y los impactos son de largo alcance.

En cambio, los retornos sociales de la inversión en gratuidad son discutibles, más si se considera que el retorno privado en este nivel sigue siendo en promedio muy elevado en Chile. En efecto, las estimaciones del último Panorama Mundial de la Educación, publicado por la OCDE, indican que una persona con el grado de licenciado o equivalente obtiene un ingreso que, en promedio, multiplica por 2,8 el obtenido por una persona con educación secundaria. Para el promedio de los países de la OCDE, el premio es de solo un 44 por ciento. Por supuesto, en el promedio chileno hay mucha heterogeneidad. Pero ello no hace a la gratuidad de la educación superior una política óptima. Sistemas de devolución contingente de los aportes que pueda hacer el Estado durante los estudios parecen una alternativa socialmente más efectiva, siempre que el diseño del crédito con aval del Estado sea perfeccionado de manera significativa.

La gratuidad en Chile tiene como marco metodológico una suerte de empresa modelo. De este modo, aunque el valor de nuestro sistema de educación superior está en la posibilidad de las instituciones de intentar procesos formativos innovadores, sumarse a la gratuidad lo impide o limita. Este hecho quizás explique el que se haya producido una disminución en el interés por ingresar a esta política. Así, hay varias instituciones que aparentemente cumplen los requisitos, pero que han optado por no sumarse. Como a su vez hay otros planteles que se encuentran lejos de satisfacer esas exigencias, cabe pensar que la proporción de estudiantes con gratuidad se mantendrá relativamente estable en los próximos años. Hoy existe una decisión pendiente respecto de una universidad que podría cambiar levemente los guarismos, pero no se ven claras otras presiones. En números absolutos es posible, además, que en algunos años los beneficiados de la gratuidad se reduzcan como consecuencia de la transición demográfica que está viviendo el país. En ese momento, quizás como respuesta al menor número de postulantes, habrá instituciones que repiensen su actual decisión de no sumarse. Pero, en el corto y mediano plazo, es probable que la presión que han sentido las arcas fiscales por la política de gratuidad se modere.