Señor Director:

La decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema constituye el desenlace de una situación que se venía anunciando desde hace muchos años y que se hizo insostenible. Dejando de lado el tema, discutible por cierto, del efecto general atribuido a casos particulares, el verdadero problema lo constituye la omisión legislativa para solucionar el problema de los cientos de miles de cotizantes de las isapres que año a año deben recurrir a los tribunales por el alza de sus planes de salud.

A riesgo de ser autorreferente, quiero citar una prevención que hice como ministro de la Corte Suprema en causa rol 3901-2015 de fecha 3 de agosto del año 2015:

“Que como es de conocimiento público son decenas de miles, literalmente decenas de miles, los habitantes de la República que año a año ven aumentados sus planes de salud en forma unilateral por parte de las isapres, debiendo recurrir a los tribunales de justicia interponiendo los correspondientes recursos de protección, los que salvo contadas excepciones, invariablemente son acogidos, ocasionando a los afectados una situación de angustia y preocupación constante, lo que es el reflejo de una grave situación que adquiere proporciones nunca antes vistas en el ámbito judicial por su extensión y la cantidad de personas afectadas año a año, que no ha tenido respuesta hasta la fecha por la vía legislativa, haciendo recaer en el Poder Judicial la solución de un grave problema de salud de carácter nacional, lo que no evita el problema personal de los afectados recurrentes ya reseñado”.

En los últimos años han sido millones los recursos de protección sobre alza de precios de planes; en el año 2022 más de 600.000 en las cortes de apelaciones y 140.000 en la Corte Suprema. De haberse omitido el efecto general de los fallos dictados en noviembre pasado, esta vez millones de afiliados afectados por la misma situación habrían tenido que recurrir a los tribunales y contratar abogados, para obtener el mismo resultado y la devolución de lo cobrado en exceso, con la consiguiente situación de aflicción personal que ello significa y el colapso total del sistema judicial. No se puede sostener racionalmente que ello hubiera sido preferible y que la Corte Suprema no debiera haber actuado como lo hizo para evitarlo.

Ha llegado el momento de legislar de una vez por todas para que se dé una solución definitiva y completa a este tema y se termine con la utilización del Poder Judicial, a través de la institución del recurso de protección, como vía indirecta para ello.

Pedro Pierry Arrau
Exministro de la Corte Suprema