Hasta la última etapa de la Comisión Experta llegó la discrepancia entre bloques por la libertad de elección en salud, lo que se manifestó la tarde de ayer en el debate y votación de los derechos sociales que recoge el anteproyecto de Carta Magna. La discusión sobre si integrar esta libertad o no se originó en el seno de la subcomisión de Derechos económicos y sociales, que pese a las extensas tratativas no logró consensuar una norma que dejara satisfechas a izquierda —que impulsaba únicamente la libertad para elegir al prestador— y derecha —que pedía que se extendiera al régimen.

Por este motivo, los expertos lograron aprobar de forma unánime una norma de derecho a la protección de la salud, pero sin este punto tan disputado, que asegura “el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones física, mental y social”, y que el Estado protege el “libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona…”. El inciso siguiente consagra que “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley”.

En este marco, la discusión sobre la libertad de elección partió con la comisionada Bettina Horst (cupo UDI), que intervino la tarde de ayer en el pleno del órgano constituyente y calificó el texto como “incompleto” y “en blanco” en ese punto. “No incluirla en esta etapa es un retroceso en materia de libertad en relación al texto vigente, lo que me preocupa porque que quienes hoy se oponen a la libertad de elección en esta materia en el fondo lo que buscan es que las cotizaciones de todos vayan al Estado, a financiar a Fonasa, tal como lo establece el programa de este gobierno”, criticó, y pidió al Consejo Constitucional retomar la materia.

Desde el oficialismo, el comisionado Flavio Quezada (PS) se dirigió directamente a Horst para aseverar que “acá no hay hoja en blanco. Ha quedado al legislador la determinación de la forma de financiamiento de las acciones de salud, tal como en todas las constituciones que conozco. Al contrario, lo que se ha rechazado es constitucionalizar un determinado modelo basado en criterios individualistas, por no alcanzar el consenso necesario para ser incorporado en el texto”.

Otro aspecto del debate de los derechos sociales que generó discusión fue una enmienda que repuso la oposición, para consagrar en seguridad social —norma aprobada por unanimidad— el derecho de los cotizantes a elegir el destino de sus ahorros previsionales y la protección de su propiedad y heredabilidad, lo que argumentaron como necesario a la luz de lo ocurrido con los retiros en la pandemia. El oficialismo rechazó en bloque la propuesta porque, de acuerdo con el experto Alexis Cortés (PC), “consagrar esta regla impediría tener un sistema de seguridad social basado en la solidaridad. Tenemos que dejar atrás el modelo de las AFP: la capitalización individual y la privatización de los riesgos colisionan con la lógica de la seguridad social”.

También se debatió sobre el derecho a huelga, consagrado en el texto en el marco de la libertad sindical —y aprobado de forma unánime—, porque ya no considera la necesidad de que esta manifestación esté circunscrita a la negociación colectiva, lo que sí estaba en el texto aprobado en general e incomodaba a la izquierda.

“La Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. Este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quorum calificado”, dice la norma actualmente. La versión previa, según el comisionado Hernán Larraín (UDI), abría “el espacio de la huelga como una alternativa en caso de que no prospere la negociación. Al no estar en este marco, surge la duda respecto de cómo se va a ejercer”.

En el contexto de la libertad sindical, asimismo, se hizo una innovación que permitiría a los empleados públicos realizar huelgas.

Educación

En cuanto al derecho a la educación, se aprobó de forma unánime que esta se rige por los principios de “disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación y los demás que disponga la ley”. Entre las novedades de la norma está que “la asignación de recursos públicos deberá seguir criterios de razonabilidad”, y un inciso que reconoce que “los profesores son parte esencial del esfuerzo educativo de la nación”.

La libertad de enseñanza también se visó por unanimidad y garantiza que “las personas tienen el derecho de abrir, organizar, mantener y desarrollar establecimientos educacionales, sin otra limitación que las impuestas por el orden público y la seguridad del país”. Asimismo, consagra “el derecho y deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo a su interés superior”.

Otras normas que llegaron al anteproyecto en la jornada fueron el derecho al trabajo decente, a la cultura, a la vivienda adecuada, al agua y al saneamiento, y el derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación. Se sumaron, asimismo, el derecho de propiedad, con indemnizaciones a la expropiación pagadas al contado y en efectivo, y derechos de autor.

Derecho a la vida

Previo a esto se discutieron las últimas normas de la subcomisión de Principios, entre ellas la consagración del derecho a la vida y prohibición de la pena de muerte. Esto fue calificado como un “retroceso” respecto de la Carta Magna actual por la oposición, que repuso una enmienda para agregar la vida del que está por nacer y la protección de la maternidad vulnerable, lo que fue rechazado por el oficialismo. Desde la derecha argumentaron, eso sí, que la vida prenatal estaba protegida en general en lo aprobado, porque según explicó la comisionada Marcela Peredo (cupo oposición) “son titulares del derecho a la vida los seres humanos en general, sin discriminación, sin distinguir sobre su etapa de desarrollo”.

El contrapunto fue de la comisionada Verónica Undurraga (cupo PPD), que aseguró que no compartía “la interpretación de que el embrión o feto sea titular del derecho a la vida. Sí creo que el objetivo de proteger la vida prenatal es valioso, pero no di mi voto a la norma porque lamentablemente, y sistemáticamente, ha sido usada de una manera en que pone en peligro e instrumentaliza a la mujer”.

También se visaron artículos sobre nacionalidad y ciudadanía; un nuevo apartado de deberes constitucionales, estados de excepción constitucional y los derechos y libertades clásicas, sin mayores diferencias entre bloques.