La discusión constitucional ha vuelto a poner en evidencia la dificultad para avanzar en medidas que permitan reducir los altos niveles de fragmentación que actualmente caracterizan a nuestra política y que constituyen uno de los principales obstáculos para la gobernabilidad. Dicha fragmentación se encuentra estrechamente ligada con la adopción, en la década pasada, de un sistema electoral proporcional que, al incrementar el número de escaños que se eligen por cada distrito y seguir permitiendo los pactos y subpactos, facilitó la llegada al Congreso de fuerzas con un bajo caudal electoral, al punto que hoy existe una veintena de partidos con representación parlamentaria y números inéditos de independientes (39 en la Cámara y 11 en el Senado). Ello dificulta la conformación de mayorías y la construcción de acuerdos, entregando un poder desproporcionado a los díscolos y a colectividades que, no obstante su baja adhesión, pueden inclinar la balanza hacia uno u otro sector.

Desde un inicio, la Comisión Experta entendió que este era uno de los desafíos de los que debía hacerse cargo la nueva Constitución. En esa línea, se discutieron diversas propuestas, quedando en el camino, por falta de acuerdo, ideas como la de terminar con los pactos y subpactos —cuestionada desde la centroderecha— o la de reducir la magnitud de los distritos electorales —resistida por la izquierda—. Con todo, la comisión sí logró —en su votación de normas en general— un consenso importante: establecer un umbral del 5% en la votación nacional para que los partidos puedan acceder a tener representación parlamentaria. Se trata de una disposición de la que hay abundantes ejemplos en la experiencia comparada, siempre procurando atenuar la fragmentación e incentivar la conformación de grandes conglomerados.

Pero aunque a nivel académico la idea suscitó un respaldo más o menos extendido, también despertó un soterrado rechazo en sectores incumbentes, el que se agudizó luego de la elección de consejeros constitucionales. Vino entonces una ola de presiones para relativizar el umbral o atenuar sus efectos, impulsada por partidos que el 7 de mayo obtuvieron una escasa votación. La prensa incluso informó de advertencias al Gobierno lanzadas desde esas colectividades, calificando la norma como una “agresión” que dificultaría la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Reclamaron además por el papel que habría jugado en su aprobación un experto del PS al que se señala como cercano al ministro secretario general de la Presidencia.

Hayan incidido o no esas presiones, lo concreto es que ahora, en la discusión particular, los comisionados han alcanzado un acuerdo para atenuar la disposición de dos maneras: eximiendo del umbral del 5%, en la norma permanente, a las colectividades que logren sumar un mínimo de ocho parlamentarios entre diputados electos y senadores, pero además incorporando una regla transitoria para que, en la próxima elección, el umbral sea de solo 4% y el número de congresistas se reduzca a cuatro. Dichos cambios evidentemente reducen la eficacia de la medida. Aun así, ella importa un avance respecto de la situación actual y puede constituir una expresión de realismo implementar este cambio de modo gradual. Es importante, sin embargo, que en las siguientes fases del proceso sean resistidas las presiones de partidos y parlamentarios que insisten en seguir relativizando el umbral y arriesgando volverlo completamente anodino. No debiera descartarse tampoco evaluar otras medidas, ya sean de rango legal o en la propia Carta Fundamental, que contribuyan efectivamente a reducir la fragmentación que hoy recurrentemente paraliza a nuestro sistema político.