La crisis migratoria que aqueja a Chile es un fenómeno regional y global. Y resolverla, o mitigarla, requiere más que la decisión aislada de un solo país.

La movilidad humana se genera por factores de expulsión y atracción. Lo primero porque situaciones dramáticas como las sequías, las hambrunas, los conflictos armados, o las dictaduras hacen que las personas migren en busca de estabilidad y seguridad. Y la atracción se genera porque ciertos países presentan situaciones económicas, sociales y políticas comparativamente superiores para quienes desean una vida mejor.

¿Existe un derecho humano a migrar? No existe un derecho irrestricto a inmigrar, reconociéndosele a los Estados el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad al derecho internacional. Sí existen derechos relacionados en la Declaración Universal de DD.HH., como la libertad de movimiento dentro de un país, el derecho de abandonar cualquier país, incluyendo el propio, y el derecho de retornar a su país, derechos a menudo conculcados por regímenes dictatoriales. Igualmente, existe el derecho a procurar asilo, refugio, y a la reunificación familiar. La armonización entre estos derechos y el derecho soberano de los Estados debe tener como objetivo una migración segura, ordenada y regular.

La crisis humanitaria venezolana ha generado 7,2 millones de ciudadanos de ese país que se han desplazado principalmente por América del Sur. Italia, por su parte, no ha logrado controlar la inmigración irregular a su territorio, pese a la línea dura del gobierno de derecha y a una nueva legislación restrictiva en materia de migración; de hecho, desde inicios de 2023, más de 42.000 migrantes irregulares han ingresado al país, cuatro veces más que el año previo.

Las respuestas de los países frente a este fenómeno varían. Por cierto, la emisión de visados es la manera más ordenada, regular y segura de gestionar los flujos migratorios; pero la capacidad de muchos países es limitada para aceptar migrantes.

La inmigración regular generalmente tiene un impacto positivo en las economías receptoras, especialmente en países que enfrentan el envejecimiento de la población. Canadá, por ejemplo, ha decidido estimular la inmigración para llenar el vacío en su economía dejado por una fuerza laboral que envejece, acompañada de bajas tasas de natalidad, y pretende recibir medio millón de migrantes por año, llegando a 1 millón y medio de nuevos residentes hacia 2025.

La deportación requiere la conformidad de los países receptores, y ello ha generado programas polémicos, como el “Acuerdo de Migración y Asociación para el Desarrollo Económico” del Reino Unido con Ruanda, para trasladar a migrantes irregulares y conseguirles asilo en el país africano, o en terceros países “seguros”. El Reino Unido renovó un acuerdo con Francia para impedir el cruce de personas de terceros países, financiando un centro de retención de esos migrantes en territorio francés.

EE.UU. ha establecido centros de procesamiento para migrantes en Colombia y Guatemala, en un intento por reducir la llegada de migrantes a su frontera sur. Supuestamente, miles de migrantes serán entrevistados para determinar si cumplen con los requisitos del Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU., pero también España y Canadá aceptarían personas procedentes de estos centros.

La colaboración de las FF.AA. en el control policial fronterizo es otra política a la cual los países recurren, en tanto los corredores humanitarios permiten el tránsito seguro de los migrantes. Esto es lo que Chile ha buscado negociar con Perú debido a la presencia de centenares de migrantes en la Línea de la Concordia, algunos de los cuales fueron repatriados por Venezuela en el marco de conversaciones entre las cancillerías de Santiago y Caracas.

Muchos migrantes pretenden dirigirse a EE.UU., donde finalizó la vigencia del Título 42 que permitía la deportación exprés de migrantes irregulares, sin siquiera aceptar solicitudes de asilo, en el contexto de las restricciones sanitarias del covid-19. Pero Washington reforzó la frontera y comenzó a aplicar el Título 8, que, al igual que la norma anterior, autoriza a expulsar a migrantes irregulares, agregando una prohibición de ingreso de cinco años. Los gobernadores republicanos de Florida y Texas han criticado las medidas del Presidente Joe Biden, han obligado a los hospitales a exigir el estatus migratorio de los pacientes y trasladado migrantes en buses a estados gobernados por demócratas.

Enfrentar la crisis migratoria requiere menos declaraciones y medidas demagógicas, y conversar mucho más para llegar a acuerdos multilaterales de cooperación para enfrentar el problema.

En Chile, legislar para que la inmigración irregular sea un delito sería una medida impráctica e ineficaz que recargaría el sistema judicial. La Ley 21.325 de 2021 establece la prohibición del ingreso al país por pasos no habilitados, eludiendo el control migratorio, o con documentos falsos. Sería mejor aplicar efectivamente esta prohibición de la ley, modificando, a su vez, el DFL 1 para que las FF.AA. impidan el ingreso irregular, en vez de detener a esas personas entregándoselas a Carabineros ya en territorio nacional y sin posibilidad de reconducirlas de vuelta a la frontera.

Idealmente, hay que descomprimir las fronteras a través de acuerdos bilaterales y regionales, con el apoyo de agencias especializadas de Naciones Unidas, como ACNUR y la OIM. Y, en el largo plazo, se requiere resolver los problemas de fondo que presionan a las personas a migrar, como la crisis humanitaria, económica y política de Venezuela.

Heraldo Muñoz
Ex canciller de Chile entre 2014 y 2018.