Señor Director:

En la industria del litio, nuestras autoridades públicas están enfrascadas en una discusión realmente bizantina respecto del rol del Estado y de los privados en los distintos ámbitos de la economía, incluso en aquellos considerados estratégicos. En verdad, lo único que debiera importarnos es cómo actuar lo más rápidamente posible —para no seguir perdiendo participación en el mercado del litio a nivel mundial, ya que una vez que los mercados se consolidan es muy difícil entrar y desafiarlos exitosamente— y cómo obtenemos la mayor cantidad de recursos para que el Estado de Chile pueda financiar nuestras más acuciantes necesidades sociales (pensiones, educación, salud y vivienda, entre otros).

Sin embargo, si el actual Gobierno persevera en su actual política nacional del litio —que lastimosamente aún no es del todo clara y su contenido depende, en verdad, de la autoridad pública a la que se le pregunte—, y si es efectivo que el Estado de Chile, a través de Codelco, Enami, Corfo u otra entidad pública, no tendría necesariamente que contar con una participación mayoritaria, sino que también podría tener una participación minoritaria en las diversas empresas productoras del litio en Chile, en este último caso se ha omitido totalmente en el debate público que, por lo pronto, lo mínimo que debería exigirse a estas entidades públicas es que adopten las mismas medidas de mitigación a las que hoy en día está sujeta la participación minoritaria de Tianqien SQM para no infringir, por ejemplo, prohibiciones de interlocking o evitar traspasos de información comercial sensible entre empresas competidoras.

La ley de libre competencia de Chile —el DL 211— se aplica a todos los ámbitos de la economía, tanto a empresas privadas como públicas y, además, no distingue entre nacionales o extranjeros que operan en nuestro país, por evidentes razones de fomento de la inversión extranjera, certeza jurídica e igualdad ante la ley.

A mi juicio, estas obligaciones son otra razón más, y de peso, que desvirtúan la intención de una intervención activa del Estado en la industria nacional del litio, de cuyos ingresos para las arcas fiscales depende, probablemente, el bienestar material futuro de las próximas generaciones de chilenos y chilenas.

Esto no es un juego porque, justamente, hay demasiado en juego.

Ricardo Riesco E.
Abogado