En enero pasado, el ministro de Educación presentó una segunda versión del Plan de Reactivación Educativa, junto con la creación del consejo asesor que buscó reforzarlo. El desafío de esta política es urgente y titánico. Chile fue el país de la OCDE que tuvo cerradas sus escuelas durante más tiempo, con una pérdida de aprendizajes estimada en cerca de 1,2 años escolares. A esto se suma el impacto en el bienestar físico y de salud mental de los estudiantes, así como el debilitamiento del vínculo con la escuela (CEP, 2023). Desde aquel anuncio han pasado más de tres meses y el estado de avance recientemente presentado por el ministro ante el Congreso genera inquietud y dudas.

Es crucial trabajar en la promoción de la convivencia y la salud mental en las escuelas, ya que los problemas de violencia y seguridad han aumentado significativamente. Según la Superintendencia de Educación, las denuncias por maltrato escolar casi se duplicaron en marzo en comparación con el año anterior. Además, hay que agregar la sensación de inseguridad generada por el crimen organizado, la cual ha llevado a que la suspensión de clases sea una práctica habitual.

El primer objetivo del plan gubernamental es justamente fortalecer la convivencia y la salud mental de los estudiantes y equipos. Una acción central es la ampliación en un 25% de la cobertura del Programa Habilidades para la Vida. Sin embargo, evaluaciones de esta política indican que habría problemas importantes en su implementación que afectan el éxito de su escalamiento. Es particularmente inquietante el resultado de una reciente evaluación de impacto que revela que el programa no solo no tiene efecto en los estudiantes que participan, sino que los profesores perciben un empeoramiento de las condiciones en las clases donde se aplica (Chaisemartin & Navarrete, 2022).

Tras 259 días sin clases presenciales se ha generado una pérdida significativa de aprendizajes. Es urgente implementar medidas que permitan acelerar el proceso de enseñanza de manera adaptativa, enfocándose en áreas críticas como Lenguaje y Matemáticas. El Gobierno ha propuesto una excesiva lista de iniciativas para abordar este objetivo, muchas de las cuales son meras continuaciones de políticas previas. No obstante, la medida más destacada es el Plan Nacional de Tutorías, que ha demostrado ser efectivo en las experiencias internacionales, especialmente en el contexto tecnológico actual. Es preocupante que en el año pasado solo cinco mil estudiantes fueran beneficiados, y para este año la convocatoria a tutores haya comenzado recién hace algunos días y que, incluso si se alcanza la meta prevista, solo el 2% del total de estudiantes del país se habrá beneficiado.

Todo plan, para que no quede en buenas intenciones, requiere de metas sucesivas y concretas, que sean de conocimiento público, evaluables y con plazos definidos. Lamentablemente, el plan del Gobierno solo precisa metas para el año 2026, y en muchos casos no son específicas. Tampoco se explicita cuál será la estrategia de evaluación de resultados intermedios que permita conocer los efectos del plan de forma oportuna y facilitar su rendición de cuentas. No está de más mencionar que inicialmente el ministro del ramo había propuesto suspender el Simce, lo que habría significado la ausencia de un diagnóstico censal de la magnitud de los daños.

Para superar la crisis actual es fundamental implementar medidas efectivas. En 2022, muchas iniciativas nacionales se aplicaron a pequeña escala, con cobertura limitada y un presupuesto insignificante. El financiamiento del plan del Gobierno sigue siendo inferior en comparación con otros países que han adoptado medidas contundentes para revertir los efectos del prolongado cierre de escuelas. Se requiere un presupuesto cinco veces el actual que al menos nos lleve al nivel inferior de gasto de este grupo de naciones (CEP, 2023).

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país y es necesario que se tomen medidas concretas para mejorarla. El involucramiento del Presidente Boric, la articulación con la sociedad civil y la creación de la comisión de expertos han sido acciones valiosas que fortalecen la estrategia. Pero aún se requiere potenciar de manera significativa el plan, otorgándole un mayor enfoque y ambición, evaluando su progreso y estableciendo metas claras, para que pueda estar a la altura del desafío. De esta forma, podremos asegurar un futuro próspero y equitativo para las nuevas generaciones.

Sebastián Izquierdo
Gabriel Ugarte
Investigadores CE