La elección del Consejo Constitucional de la próxima semana marcará el inicio del eclipse de la Comisión de Expertos. Estos tienen más poder que el que tendría una Facultad de Derecho que propusiera un texto a los consejeros que elegiremos. Sin embargo, y esto es lo que no debe perderse de vista: la tarea esencial de la Comisión de Expertos no es la de decidir, sino la de formular una propuesta al Consejo elegido.

Es cierto que los expertos podrán luego participar en las deliberaciones del Consejo elegido, pero sin derecho a voto y que, al final del trabajo del Consejo, podrán objetar aspectos del proyecto que apruebe este; objeciones que el Consejo podrá aprobar por 3/5 o desestimar por 2/3. Lo prudente y probable, sin embargo, es que esa facultad de objetar lo que aprueben los representantes populares solo se ejerza en casos muy extremos y por razones muy poderosas por quienes carecen de ese mandato. El poder real de los expertos radica entonces en la fuerza que alcance su propuesta.

Hasta ahora, las noticias más llamativas que han emanado de la Comisión son que aprobó por unanimidad su texto base y que luego, en la etapa de indicaciones, esa unanimidad se ha roto y que hay debates más o menos intensos e incluso algunas descalificaciones.

Que los expertos alcanzaran un texto base por consenso fue especialmente valioso. En un ambiente político que se caracteriza por la reyerta, proyectó una imagen de buena política. Que luego se verificaran diferencias no podría sorprender a nadie. Los expertos fueron designados por parlamentarios que cubren todo el arco político y escribir una Constitución no es una tarea puramente técnica. Uno podría haber esperado que esas legítimas e inevitables diferencias se hubieran procesado con más argumentos sustantivos y menos descalificaciones. Con todo, las cosas parecen volver a encaminarse por la senda de la racionalidad y la concordia. Sin embargo, el mayor riesgo de esa Comisión no es ni el lenguaje descalificador, ni llegar al 6 de junio con una hoja en blanco. Su mayor riesgo es la irrelevancia y aún está a tiempo de disminuirlo.

Ya dijimos que la principal tarea de la Comisión no es la de decidir, sino la de proponer un texto al Consejo elegido. Este último puede aprobarlo o desestimarlo por entero, lo mismo con cada uno de sus artículos. Para aprobar cada precepto que le proponga la Comisión de Expertos se requiere la concurrencia de 3/5 de los consejeros. Por el contrario, para desestimar lo propuesto no se requiere un solo voto.

En consecuencia, la propuesta de los expertos pesará tanto como sea la fuerza de sus argumentos, el prestigio, la popularidad y la legitimidad social que hayan alcanzado sus ideas. La forma que tienen los expertos de disminuir el riesgo de que su texto sea desechado no es no metiendo ningún ruido, sino voceando públicamente sus propuestas, explicándolas y argumentándolas. La Comisión, sin embargo, ha trabajado en silencio; su presidenta casi no concede entrevistas y sus miembros no salen a los medios a explicar y defender las ideas y redacciones que ya son objeto de consenso, ni aquellas que generan disenso. Tampoco explican por qué, si lo que queremos es una Constitución democrática, deben frustrarse expectativas como las que se pusieron en la anterior propuesta y las que ahora prometen los candidatos en campaña. Sobre todo esto, los expertos están silentes, como si su tarea no fuera política. Luego de alcanzar el primer borrador parecen haber estado más atentos a las presiones y recomendaciones de los partidos que los designaron que a la opinión pública destinataria de su obra.

El propio nombre que recibieron, expertos, connota que son personas que no debieran responder a los intereses de los partidos que los designaron; para eso vendrán ahora los consejeros elegidos. También ese nombre connota que se confiaba en su capacidad de convencer, con el texto que elaboraran. Por algo la mayoría de ellos son profesores. Pero han resultado ser profesores que no enseñan, que no exponen ni argumentan públicamente sus propuestas y es en esto donde, creo, están al debe y aún a tiempo para corregir.

Si el proyecto de los expertos no gana la opinión pública, la posibilidad de que sea irrelevante es alta. Aún quedan cinco semanas para revertir ese déficit.