La publicación de los datos de la última Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, correspondientes al trimestre móvil diciembre 2022-febrero 2023, generó cierta preocupación al reportar un crecimiento anormalmente elevado en el empleo del sector público, ya que según sus resultados se crearon 86.622 puestos de trabajo, en comparación con los 103.818 del sector privado. Sin embargo, un análisis más desagregado de estas cifras entrega elementos que contribuyen a despejar estas preocupaciones.

En efecto, la ENE estima que el empleo en la Administración Pública y Defensa durante 2022 y los primeros dos meses de 2023 ha estado por debajo del promedio de los últimos cinco años, de modo que el crecimiento observado durante este trimestre móvil representa básicamente una recuperación de niveles registrados en años anteriores.

Por otra parte, cuando se analiza la participación del empleo en la Administración Pública como porcentaje de la ocupación total desde 2013 a la fecha, fluctúa entre 5% y 6%. En particular, en lo que va de la administración del Presidente Boric, la participación del empleo en la Administración Pública se ha mantenido en 5,6%, mientras que entre 2018-2022 fue de 5,9% y de 5,5% en 2014-2018. Por tanto, los datos no muestran un cambio significativo.

Adicionalmente, dado que se trata de una estimación (como ocurre con todas las encuestas), para hacer una correcta inferencia no basta con analizar números y variaciones absolutas trimestre a trimestre, sino que se deben considerar los intervalos de confianza de las estimaciones. Al comparar la variación trimestral, no se puede decir que la diferencia sea estadísticamente significativa ni con el trimestre previo ni con el mismo trimestre del año anterior. De hecho, comparando el mismo trimestre móvil en diferentes años, solo se registra una diferencia estadísticamente significativa con 2019, para el total de asalariados públicos.

Los resultados anteriores son consistentes con la evolución de los registros administrativos de la Dirección de Presupuestos sobre empleo público. Al cierre de 2022, el empleo efectivo en el Gobierno central alcanzaba a 452.779 personas, lo que representa una disminución de 375 empleos respecto de igual período del año anterior. Estas cifras excluyen al personal de FF.AA., Carabineros, empresas públicas, los y las funcionarias municipales y de servicios municipalizados.

En el mismo sentido apuntan los antecedentes respecto de la dotación máxima a fines de 2022, que fue menor a la autorizada por la Ley de Presupuestos para ese período. Esta ley establece un límite máximo para la contratación de personal en cada año (que excluye a ciertas entidades como el Poder Judicial y la Defensoría de la Niñez) y en 2022 alcanzó 311.949 cargos, de los cuales se utilizaron 298.303; es decir, 95,6% del máximo autorizado.

Desde la perspectiva de gasto presupuestario, en febrero de 2023 el Gobierno central aumentó el monto real de gasto en personal en 2,3% respecto del mismo mes de 2022, el cual incluye el reciente reajuste salarial en el sector público (12% para las remuneraciones de hasta $2,2 millones y $264.000 para las rentas superiores). Esta variación, que incorpora los reajustes salariales señalados, también permite descartar la existencia de aumentos significativos en dotación de personal.

Sin perjuicio de lo anterior, las encuestas pueden mostrar algunas diferencias con la información proveniente de registros administrativos, principalmente aquellos publicados con una periodicidad mensual y con más desagregación, donde existe mayor probabilidad de volatilidad o varianza. Por ello es importante tener a la vista las posibles causas que explican estas diferencias, destacando el valor que aportan ambas fuentes de información.

El análisis estadístico requiere conocer las características de la información que entrega cada fuente en relación con el mercado laboral y los sectores económicos en general, de manera de complementarlas e interpretar adecuadamente los resultados que se desprendan de ellas. En esta línea, el Ministerio de Hacienda considera fundamental seguir avanzando en la tramitación del proyecto de ley que fortalece el sistema estadístico nacional, permitiendo que el INE acceda a datos administrativos para enriquecer la elaboración de su amplia base de indicadores económicos.

En síntesis, un análisis más detallado sobre la evolución del empleo público y la consideración de antecedentes adicionales como los previamente señalados permiten descartar un crecimiento anormal del empleo en la Administración Pública, el que se ha mantenido dentro del marco definido por la Ley de Presupuestos.

Heidi Berner Herrera
Subsecretaria de Hacienda