Cuatro meses han pasado desde el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la tabla de factores en las isapres y, lamentablemente, el Gobierno todavía no toma una acción decidida para hacerse cargo de los 3,3 millones de chilenos que se encuentran en el sistema privado de salud. A dos meses de que expire el plazo dado a la Superintendencia de Salud para implementar el fallo, urge que nuestras autoridades señalen un camino claro. ¿Dejarán morir a fuego lento a las isapres y pondrán todas sus fichas en Fonasa como asegurador único o permitirán que subsista el sistema privado con un acuerdo entre todos los actores?

A la fecha, la única señal que ha dado el Gobierno es el envío antes de fines de marzo —plazo ya expirado— de una ley corta para hacerse cargo del problema. Teniendo solo dos meses para tramitarla, esta ley contendría: i) un mecanismo para la devolución que deberán realizar las isapres; ii) la creación de una nueva modalidad en Fonasa con una prima para entregar cobertura adicional, y iii) el refuerzo a la Superintendencia de Salud. Por otro lado, la supuesta mesa de trabajo con las isapres a esta altura carece de legitimidad. Se mantuvo abierta una conversación inconducente y la solución anunciada por las autoridades ni siquiera fue discutida en esta instancia.

Lo cierto es que el Gobierno ha sido extremadamente opaco en su estrategia. Opacidad que, una vez más, parece responder a la confrontación de sus dos almas. Por un lado, recordemos que el programa del Presidente Boric señalaba explícitamente: “El Fondo Único de Salud (FUS) recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Con ello terminaremos con el negocio de las isapres, las cuales se transformarán en seguros complementarios voluntarios”.

Así, el fallo de la Corte Suprema se convierte en un inesperado regalo para el Gobierno, permitiéndole implementar su programa sin derramar una gota de sudor en esfuerzo legislativo. Ahora, no hacer nada y dejar que las isapres mueran a fuego lento, entra en directo conflicto con su alma pragmática. La misma que aprobó el TPP11; la que renueva constantemente estados de excepción en el sur, y la que hoy impulsa una inédita agenda de seguridad en el Congreso. Esta alma sabe que una caída desordenada y abrupta del sistema privado implicaría una crisis sanitaria de proporciones, y que Fonasa no tiene la capacidad de recibir y dar atención oportuna a los 3,3 millones de beneficiarios del sistema de isapres.

Dejar caer a las isapres en este contexto es una irresponsabilidad. La Asociación Gremial de Clínicas de Chile advirtió que, si quiebran, probablemente muchas clínicas también lo harán. Las isapres adeudan alrededor de $500 mil millones a las clínicas y las garantías han probado ser insuficientes. Así, a la caída de las isapres seguiría la de muchas clínicas, generando un evidente costo sanitario por la pérdida de parte de la infraestructura sanitaria. Por otro lado, los prestadores privados realizan más de 80 millones de prestaciones de salud al año a afiliados a Fonasa, por lo que también se verían afectados los chilenos que son parte del sistema público.

Esperemos que, una vez más, sea el alma pragmática la que prime y el Gobierno se decante por la alternativa de buscar consensos. En el corto plazo, se deberían crear mecanismos de reajuste de precios de planes que les permita a las isapres sobrevivir y, al mismo tiempo, evitar las crecientes judicializaciones (más de 120.000 casos en la última década). En segundo lugar, se debe avanzar en una reforma profunda al sistema. No podemos desconocer que el mercado de las isapres dista de ser uno competitivo, con información extremadamente asimétrica y aseguradores que, en el pasado, se opusieron sistemáticamente a cambios en línea con racionalizar los reajustes de precios, preexistencias, entre otros.

El mundo político debe hacerse cargo y lograr una buena reforma estructural. En 2011 y 2019 se enviaron proyectos en esta línea; sin embargo, no se alcanzaron los acuerdos necesarios para concretarlos. Creemos que esta reforma debiera contener, entre otros, la creación de un fondo común único, donde lleguen todas las cotizaciones de los chilenos y los recursos públicos; un Plan Único de Salud, provisto por Fonasa y aseguradoras privadas; un mecanismo de compensación de riesgo; un mercado de seguros complementarios; un esquema claro de cobro, y un marco regulador que incentive la calidad y la contención de costos.

Una vez más, las dos almas que habitan La Moneda se enfrentan al peso de la realidad. Realidad que en este caso exige tomar acciones concretas y rápidas, ya que está en juego la salud de millones de chilenos.

Soledad Hormazábal
Juan José Obach
Centro de Estudios Horizontal