La escena del Presidente arrodillado consolando a la viuda del carabinero asesinado es de las más elocuentes del último tiempo. La escena muestra la empatía con el dolor que produce la delincuencia y, al mismo tiempo, la impotencia del Estado para evitarlo. ¿Qué pudo haber ocurrido para quedar de rodillas?

Desde luego sería mezquino culpar de todo lo que hoy ocurre al gobierno del Presidente Gabriel Boric; pero sería absurdo desligarlo de toda responsabilidad. A fin de cuentas, la tarea de detener el descontrol y de producir orden recae en quienes hoy manejan el Estado. Y la pregunta que entonces cabe formular es si está en condiciones de hacerlo. Por supuesto a estas alturas solo cabe desear que sí y apoyar al Gobierno; aunque para ello es imprescindible que el Presidente recuerde y haga valer algunos principios básicos.

Ante todo, el Presidente debiera recordarse a sí mismo y a las fuerzas políticas que lo apoyan que el orden no es resultado de la justicia, sino que solo es posible realizar algún ideal de justicia allí donde previamente hay orden. Este es el primer principio. Desgraciadamente durante mucho tiempo se moralizó la vida social y se creyó y se proclamó (y no solo por quienes están hoy en el gobierno, sino por casi todos) que cualquier conducta era correcta a condición de que esgrimiera en su favor la lucha contra la injusticia. Todo esto deslegitimó a la policía y a las instituciones y fortaleció a quienes la policía debía reprimir y contener. Se maneja el Estado para realizar un cierto ideal de justicia, Presidente; pero sobre todo para evitar que el miedo se enseñoree de la vida social.

Y el orden que es deber del Gobierno producir no se construye solo promulgando leyes o anunciando querellas, sino promoviendo, y si es necesario, obligando a las personas a tener una conducta mínimamente virtuosa, mínimamente cívica. Nada de eso, sin embargo, está ocurriendo hoy. Hoy día las personas piensan que pueden hacer cualquier cosa —beber en la vía pública, ocuparla y ensuciarla a placer, invadir la tranquilidad de los demás, abandonar los deberes escolares, rayar las paredes una y otra vez, obviar las reglas del tránsito—, como si la convivencia no impusiera deberes mudos e implícitos que todos deben respetar, a los que todos deben atenerse. La vida social descansa en un andamiaje invisible de costumbres y modales, sobre el ejercicio de pequeñas virtudes, que evitan el roce permanente. Sin las virtudes mínimas que impone la convivencia, es bien difícil que se legitimen las reglas y casi imposible que la autoridad recupere su prestigio.

Es verdad que la vida social presenta una variedad de problemas derivados del hecho (es bueno recordarlo en días como estos) que los seres humanos fueron alguna vez expulsados del jardín del edén. Hay, y habrá, problemas de toda índole. Problemas de intolerancia con las minorías, cuestiones de justicia indígena, problemas de educación sexual de las nuevas generaciones, asuntos medioambientales, entre otros. Pero la agenda gubernamental no puede consistir solo en ese tipo de problemas. Sin embargo, basta echar la vista atrás para descubrir que quienes tienen a su cargo el gobierno los han enfatizado a ellos y descuidado otros más transversales y más urgentes que están a la base de la vida social. ¿Se ha olvidado ya —solo para dar un ejemplo— que al ministro de Educación parece no importarle la violencia en las instituciones educativas, sino que lo que de veras parece preocuparle es el cambio de paradigma que la educación debiera a su juicio experimentar, como si la situación de las escuelas no tuviera nada que ver en lo que hoy día está ocurriendo? ¿O que la ministra de la Mujer se ve más entusiasta discutiendo en Twitter cuestiones bioéticas —a propósito de un contrato de maternidad subrogada de una estrella española— que de la situación de la estructura familiar en Chile, que también, no hay que olvidarlo, alguna incidencia tiene?

Y está, desde luego, la incomodidad que en muchos que están en el gobierno produce el empleo de la fuerza por parte del Estado (pero no al parecer cuando ella se ejerce por fuera del Estado). Como están las cosas en algunos barrios, no cabe duda de que el control de la delincuencia exigirá el uso de la fuerza y la intervención territorial mediante ella. Pero no es difícil imaginar la incomodidad que de solo imaginarlo invade a algunas de las fuerzas que apoyan (es un decir) al Gobierno, puesto que algunos de sus integrantes, atrapados en el recuerdo de los crímenes de la dictadura (es el caso del PC) o en las ensoñaciones de una juventud burguesa cuya experiencia más estresante ha sido participar de performances estudiantiles (es el caso de algunos dirigentes del Frente Amplio), parecen creer que el Estado es la fuente de los males y no, como ocurre, su cura.

Sí, es verdad. Hay que celebrar la empatía del Presidente cuando de rodillas se conduele del asesinato de un carabinero; pero es difícil obviar el otro significado que posee esa imagen: la de un gobierno hasta ahora impotente frente al problema de la delincuencia y el desorden.