Señor Director:

En contraste con la falta de diligencia de la Contraloría General de la República (CGR) para tramitar con rapidez una merecida jubilación de un prestigioso y galardonado profesor de la U. de Chile de 96 años, como elocuentemente lo expresaron en esta sección sus hijos (carta de 30 de marzo), el suscrito ha experimentado lo contrario: un exceso de celo y de asignación de tiempo funcionario por parte de la CGR para tratar una intrascendente supuesta falta formal suya.

Como exrepresentante del Presidente de la República en el Consejo Universitario de la Universidad de Chile, nombrado al efecto a fines de 2018, la CGR consideró que debía presentar una Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP). Aunque la propia universidad estimaba que, en este caso y en otros similares, había diversas razones legales que indicaban que ello no correspondía, la consulta que su rector hizo a la CGR fue respondida negativamente por esta, varios meses después. A continuación, y a pesar de que el suscrito procedió a entregar rápidamente la DIP, la CGR insistió en la falta, aduciendo que la fecha original de presentación del documento no se había cumplido. El proceso siguió así con cargos y descargos durante más de cuatro años, finalizando este mes de marzo con una multa de 5 UTM al afectado.

Estos ejemplos ilustran que algo está profundamente equivocado en los criterios utilizados por la CGR para asignar valiosos y siempre escasos recursos humanos a su importante tarea.

Álvaro Fischer