Durante las últimas semanas causó controversia la suspensión de clases en establecimientos de la Región de Valparaíso debido a la realización de un “narcofuneral”. Y luego el país fue remecido por el crimen de la carabinera Rita Olivares en Quilpué, otro hecho enmarcado en la crisis de seguridad pública que afecta a Chile.

La red asistencial de salud tampoco es ajena a los problemas derivados de la delincuencia. De hecho, hay hospitales que históricamente han debido afrontar situaciones de violencia.

Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), afirma que dentro de las conversaciones que tuvieron con el Ministerio de Salud durante el paro nacional que llevaron a cabo a mediados de este mes, uno de los puntos centrales era fortalecer la seguridad de los recintos.

Para eso, una de las exigencias del gremio fue reactivar la mesa nacional de seguridad. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, sostiene que la retomarán en abril retomarán y que instruirán formar instancias regionales para abordar la problemática.

Por el momento, dice que con la mesa “se ha trabajado con Carabineros para reforzar la presencia en los hospitales San José, San Juan de Dios, Barros Luco, Sótero del Río y Padre Hurtado, además de los cesfam Número 5 (Santiago), Chuchunco (Estación Central), Pierre Dubois (Pedro Aguirre Cerda) y Julio Acuña Pinzón (Lo Espejo), entre otros. Se priorizan los lugares según el tipo de agresiones, o dónde han tenido mayor gravedad, pero también por el número de situaciones a las cuales se ven enfrentados”.

Ataques al personal

La violencia y falta de seguridad que deben enfrentar los recintos asistenciales se ve directamente reflejadas en el personal. Si bien ya han pasado tres años desde la aprobación de la Ley Consultorio Seguro, que endureció las penas para quien agreda a funcionarios de la salud, y se han logrado generar algunas condenas, Flores lamenta que “la gente ni siquiera denuncia, los jefes de salud de las comunas no hacen las denuncias, porque aquí también son amenazados por grupos narcos, por delincuentes. Consultorio Seguro generó condenas, pero hoy los que llegan a los centros de salud son los narcos a ajustar cuentas, o cuando son heridos los delincuentes y gente que muere por violencia externa, llegan familiares y agreden a los trabajadores”.

En cuanto a la cantidad de agresiones o situaciones de violencia en recintos asistenciales, Araos señala que el año pasado se registraron 6.600 notificaciones, mientras que en 2021 fueron cerca de 2.500.

Con todo, este fuerte incremento estaría explicado en parte porque en 2021 se comenzó a implementar un sistema electrónico para registrar las agresiones y situaciones de violencia en los recintos de la red pública, y el año pasado ya funcionaba de manera íntegra. Además, en 2022 la red asistencial tuvo cerca de dos millones de atenciones de urgencia más que en 2021, por la reactivación tras la pandemia.

Manuela Méndez (26), matrona de la U. Andrés Bello, se desempeñó en el Hospital de La Florida en 2022 y este año comenzó a trabajar en la Clínica Indisa. Comenta que “la diferencia es abismal. Cuando trabajé en salud pública era frecuente escuchar en los pasillos que ocurrían cosas, por ejemplo, un colega de Maternidad me contó que un hombre entró a Neurología y se llevó a una guagua, golpeando a una matrona”. También menciona que “el trato es diferente, en el servicio público la gente muchas veces te trata mal, a veces te amenazan y muchas veces no depende de nosotros la atención”.

“Acá nos amenazan casi todos los días, hay gritos al aire, pacientes enojados. En ocasiones, nos amenazan porque no ingresamos a sus hijos cuando ellos quieren, porque no saben seguir instrucciones o porque no son capaces de esperar”, comenta Natalia Espinoza, enfermera en el Hospital Calvo Mackenna.

El subsecretario Araos destaca que fruto del trabajo en la mesa de seguridad, el año pasado “se destinaron más de $1.200 millones a 70 consultorios, para mejoras en condiciones de seguridad, con instalación de botones de pánico, reforzamiento de las ventanillas, cierres perimetrales (...). Este año también vamos a continuar con más financiamiento, alrededor de $1.700 millones para principalmente reforzar ciertos instrumentos de prevención en seguridad en establecimientos de atención primaria”.

Herido

Los niveles de violencia también están causando otro impacto en la red sanitaria: según la directora del Centro Metropolitano de Sangre, Loretto Vergara, están teniendo cada vez mayores demandas por stock de sangre para transfusiones, debido a un mayor número de heridos por armas blancas y bala, lo que sumado al bajo número de donantes en los últimos años, ha profundizado la falta del recurso.

“Abastecemos a varios de los hospitales más grandes de Santiago, como el Barros Luco, el Sótero del Río, que son de comunas bien populosas. Los casos de personas baleadas, los pacientes con heridas cortopunzantes, si antes eran una vez por semana, o una vez al mes, ahora son todos los días. Entonces, nos estresa mucho como sistema porque tratamos de responder lo más posible a sus demandas”, dice Vergara.

Una situación que confirma el subjefe de la Unidad de Emergencia Hospital Barros Luco, Jorge Godoy, quien explica que “nuestra percepción es que existe un aumento considerable en la cantidad de pacientes que sufren agresiones por arma de fuego, como así también en su gravedad. Estamos viendo más heridas múltiples y en zonas de mayor riesgo, como tórax, abdomen y cabeza, y no tanto en extremidades”.