Esta semana salieron a la luz nuevos antecedentes respecto de los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre del año pasado. Así, nos hemos enterado de que, en seis casos, Gendarmería desaconsejó fuertemente dicha medida, y también conocimos el contenido de la carta mediante la cual uno de ellos solicitó el indulto. Las revelaciones son explosivas, pues vuelven a instalar en el centro de la escena una cuestión muy delicada para el Gobierno.

En algunos casos, las palabras de Gendarmería son taxativas. Por ejemplo, se señala que Jordano Santander, condenado por homicidio frustrado contra funcionarios de la PDI, presenta “un alto riesgo de reincidencia”. En lo que respecta a Luis Branson, conocido como “el pirómano” y líder de la heroica primera línea en Iquique, se dice que “evidencia una conciencia inadecuada por el delito y daño por el cual cumple condena”. Luis Castillo, por su parte, representa un “riesgo de reincidencia muy alto” y posee “amplio compromiso delictual”. Un cuarto, sigue Gendarmería, “no tiene conciencia del delito cometido”. En la carta en la que pide el indulto, Luis Castillo invoca “el divino derecho a la rebelión popular”, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento.

¿Cómo sincronizar la decisión de indultar a estas personas de largo prontuario con la necesidad imperiosa de dar señales nítidas en materia de seguridad? En este punto, el Ejecutivo muestra una disonancia muy evidente como para pasarla por alto: el Gobierno persigue a la delincuencia (“como perros”) y, al mismo tiempo, el Gobierno libera a delincuentes contra la opinión del organismo especializado. De no mediar una explicación razonable, la credibilidad presidencial en estas cuestiones puede tender muy rápidamente a cero.

Sin embargo, las declaraciones de los responsables solo han complicado el asunto. Tanto el mandatario como su ministro de Justicia se han refugiado en disquisiciones propias de quienes alegan en tribunales, pero que no satisfacen ningún estándar de razonabilidad pública. Gabriel Boric se ha negado a comentar esta noticia, arguyendo que el asunto está radicado en el Tribunal Constitucional. El ministro Cordero, para no ser menos, ha recordado que “los abogados no litigan por la prensa”.

Estas (muy malas) respuestas revelan bien el equívoco que tiene tan complicado al Gobierno. El Presidente razona como si fuera un ciudadano común y corriente involucrado en una disputa judicial más o menos rutinaria, y está a un paso de agregar que su abogado le ha prohibido realizar declaraciones. No obstante, la realidad es muy distinta: Gabriel Boric ejerce un cargo que le impone el deber ineludible de dar cuenta a los ciudadanos de sus decisiones, y ningún artilugio jurídico justifica su silencio. Luis Cordero tropieza con la misma dificultad, pues al escucharlo da la impresión de que fuera el abogado personal del Presidente y no el ministro de Justicia del Estado de Chile. Para protegerse del escrutinio público, el Gobierno ha escogido tratar una decisión política como si fuera un problema privado.

Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué un hombre inteligente y preparado como el ministro Cordero se presta para un espectáculo de esta naturaleza. La única respuesta posible es que los indultos fueron otorgados sin mayor examen previo y que, por tanto, no hay modo de justificarlos. El Presidente no puede reconocer ninguna de las dos alternativas disponibles: o bien indultó sin tener a la vista la información pertinente, o bien indultó con todos los datos disponibles. Para salir de un dilema imposible, resulta imperativo ocultar al máximo los detalles. La estrategia puede parecer hábil, pero es de corto alcance. Por de pronto, el sigilo solo alimenta las filtraciones y, además, las revelaciones espaciadas solo harán aún más larga y dolorosa una crisis inevitable.

Ahora bien, la actitud asumida por el Presidente y su ministro remite a una cuestión previa. En efecto, la manera en que el mandatario decidió indultar a un grupo de “presos de la revuelta” obedece a la misma lógica. Recordemos que el argumento esgrimido una y otra vez ha sido que esos delitos fueron cometidos en un “contexto excepcional” y que los indultos eran necesarios para recuperar la paz social. Sin embargo, ese motivo no justifica nada. Si se buscaba dar vuelta la página y pacificar al país tras un grave conflicto, entonces el beneficio debió dirigirse no solo a los condenados por desmanes, sino también a uniformados que cumplen condena —que también los hay—. Si el contexto fue excepcional para unos, ¿por qué no para los otros? ¿Cómo justificar esa exclusión? ¿En qué medida se recupera la paz social atendiendo solo a un lado de la historia?

La facultad de indultar tiene razones muy profundas. Se presume que, por su posición de jefe de Estado, quien ocupa la primera magistratura puede adquirir altura y ecuanimidad para impartir clemencia. Al usar dicha potestad de modo parcial y partisano, el Presidente degradó una institución tan necesaria como sensible. No debe extrañar el silencio ante las preguntas de la prensa. En el fondo, los motivos del indulto fueron privados, y por eso el Gobierno se resiste a darlos a conocer. El mandatario logró así la proeza de privatizar una de sus potestades más elevadas. No es poco.