La puerta giratoria se ha impuesto como metáfora para representar que los delincuentes entran y también salen de la cárcel sin cumplir la pena debida a su delito y, por lo tanto, como explicación para el aumento de la delincuencia. A Ximena Rincón y Felipe Kast, en columna publicada en este diario, les sirve para explicar el problema estructural de seguridad que vive el país y argumentar que el problema radica en que “vivimos bajo el imperio de penas sustitutivas y salidas alternativas”.

Efectivamente, existe un problema estructural con la seguridad, y el sistema penal no es ajeno a él, pero dista de relacionarse con una preponderancia desmedida de penas sustitutivas y salidas alternativas, caso en el cual la solución propuesta sería el aumento de penas efectivas, especialmente para reincidentes. Desde luego, de las propias cifras expuestas aparece un primer problema, que en nada se soluciona con un aumento de penas, y consiste en que en la mitad de los delitos denunciados, no sabemos quiénes fueron los responsables a los que aplicarles tal pena. Luego, no todo delito debe tener una única respuesta. Y esto es así porque desde que Beccaria y Bentham asociaran la captura del delincuente con su condena, en el siglo XVIII, la criminología ha tenido una larga trayectoria que ha contribuido a complejizar notablemente los diagnósticos y las posibles soluciones.

Entre ellas, aparecen algunas que se han ido consolidando con mayor evidencia. En primer lugar, que el sistema penal debe contar con más y mejores herramientas y alternativas que superen el paradigma de cárcel/libertad. Está demostrado que la cárcel tiene poco efecto rehabilitador y, peor aún, que el contagio criminógeno incentiva la delincuencia. Así, manteniendo la cárcel para delitos graves y trayectorias complejas, debe contarse con otras respuestas que impliquen, desde mecanismos de mediación donde la respuesta vaya en interés de la víctima, hasta mecanismos más sofisticados de controles supervisados por delegados y monitoreos electrónicos, pasando por programas de reinserción y rehabilitación que incluso sean de tipo residencial. Ese tipo de medidas, largamente desarrolladas e implementadas en países como Alemania, España o Italia, que se citan en la columna, han demostrado que logran disminuir la reincidencia y por tanto tener menos víctimas. La clave, por cierto, está en determinar en qué casos, y respecto de qué personas en concreto, pudiese ser más efectiva una respuesta sobre la otra.

Un factor clave, por ejemplo, debe ser la especial consideración de mujeres, donde se ha demostrado que situaciones de abuso y vulnerabilidad inciden en mayor medida en su incursión en delitos de menor gravedad que los hombres, a la vez que el costo de privarlas de libertad es mayor que en los hombres, debido al efecto sobre el cuidado de los hijos. Una mujer privada de libertad implica un promedio de tres hijos que quedan en situación precaria tanto afectiva como económicamente. Así entonces, si en lugar de un año de cárcel, se opta por el sometimiento a programas bien implementados de control y acompañamiento, por períodos más largos de tiempo, que aborden su entorno laboral y familiar (e incluso terapéutico, si hay consumo de drogas), puede resultar más beneficioso en tener menos delitos y menos víctimas.

En consecuencia, plantear reglas tan rígidas para cumplimientos efectivos de pena en períodos cortos, sin considerar qué puede beneficiar más a víctimas actuales y potenciales en el futuro, puede resultar contraproducente, y por qué no decirlo, injusto. Basta recordar la conmoción que produjo, a propósito de la tragedia del incendio de San Miguel, el hecho de encontrarse entre los fallecidos un joven cumpliendo condena por vender discos compactos en la vía pública. La razón esgrimida fue que era reincidente.

No cabe duda de que se trata de un problema altamente complejo y de gran relevancia pública, considerando que la delincuencia aparece como la primera preocupación de los chilenos. Es importante la reflexión de los parlamentarios, también por la importancia que asignan a la reinserción, y es deseable que se establezca un debate que permita cuestionar la ecuación cárcel/delincuencia, a fin de que surjan mejores y más soluciones a un problema que inquieta a la ciudadanía.

Ana María Stuven
Sebastián Valenzuela
Directores Corporación Abriendo Puertas