Chile debe crecer para sustentar su progreso social. Pero no se ve que la actual administración reconozca con fuerza tal principio. Eso impide cambios estructurales en los principales lineamientos económicos de las reformas de la actual administración. Estos son necesarios, pues modificaciones acotadas no serían suficientes para desterrar la demostrada distancia, incluso hostilidad, de sectores de la coalición gobernante respecto de la iniciativa privada, las leyes de mercado, el comercio internacional, el capital, el aprovechamiento de ventajas comparativas y, por último, el crecimiento económico.

De nuevos impuestos a los beneficios del litio

En lo medular, el proyecto de reforma tributaria impulsado por la actual administración tenía un fin redistributivo y no de crecimiento. De ahí la insistencia de las autoridades en centrar su defensa en la recaudación. Así, se planteaba que recursos equivalentes a 3,6% del PIB, el resultado de aumentos de tributos y de otros nuevos, serían destinados a financiar gastos permanentes asociados a distintos programas sociales. El impuesto sobre el patrimonio, tributo ampliamente cuestionado por sus dificultades conceptuales y prácticas, era parte de la agenda. Y mínimas medidas de promoción de las inversiones no compensaban los cambios y la profundización de una estructura tributaria que no fomentaría el crecimiento de las micro y pequeñas empresas ni incentivaría la inversión.

El fracaso de tal agenda da la oportunidad para considerar alternativas, estando el litio en el centro de todas ellas. Las reservas de tal recurso representan una gran fuente de riqueza para el país que deben ser explotadas a la brevedad, toda vez que innovaciones tecnológicas pueden evaporar el valor del metal.

Chile cuenta con casi tres veces las reservas del recurso que Australia, pero mientras ese país produce el 50% de todo el litio del mundo, la producción nacional no supera el 25%. Una posición ideológica explica el rezago: la apuesta por un Estado productor de litio. Frente a la realidad nacional, tal enfoque es contradictorio.

Si la urgencia de la actual administración es la necesidad de financiar programas sociales, es evidente que avanzar con rapidez de la mano de privados en la producción de este metal es la mejor estrategia posible, sobre todo considerando que el aporte de la limitada iniciativa privada en el sector ya está generando importantes recursos (más de US$ 5 mil millones el 2022). Por cierto, esto obligaría a desechar la idea de una empresa nacional de litio.

Así, la explotación del litio sumada a la revisión del gasto público, con programas de nula efectividad y alto costo (se estiman en un punto del PIB), podría entregar al país recursos adicionales para sostener programas sociales. Si a esto se agregan modificaciones tributarias acotadas, que apunten a no distorsionar las decisiones de inversión de privados, el Gobierno podría reencauzar su agenda económica y social a través del desarrollo de acuerdos.

Reforma previsional: La real revolución económica

Similares desafíos se identifican tanto en educación, salud y pensiones. En los dos primeros sectores, la combinación de un Estado inerme y una autoridad con convicciones radicales ha puesto en riesgo la provisión de los servicios. La tragedia educacional que ha significado el crecimiento de la deserción (24% entre el 2022 y 2021) y el ausentismo escolar (más de un millón de estudiantes tiene ausentismo crónico) no ha sido contrarrestada con una agenda de igual magnitud. En cuanto a la salud, nuevamente la hostilidad hacia la iniciativa privada que nace de sectores de la actual administración ha puesto en jaque el sistema completo.

En materia previsional, las recientes palabras de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien es además miembro del comité central del Partido Comunista, ilustran tal ideología con claridad. La intención “de que la industria de AFP se termine” aparece como un ingrediente irrenunciable de la reforma que impulsa, sin considerar los costos para los actuales cotizantes ni el potencial impacto negativo sobre los pensionados o la inestabilidad que se generaría sobre el mercado de capitales. Un monopolio estatal en la administración de cuentas y un ente público en la administración de fondos emergen como alternativas inferiores al modelo actual.

En este sentido, la aparente apertura a discutir cambios a la estructura propuesta en la reforma de pensiones debe ser también sujeta a un cuidadoso escrutinio. A modo de ejemplo, sin un cambio estructural de la reforma, la posibilidad de que parte de un eventual 6% de cotización adicional sea separado en un porcentaje a un fondo público y otro a cuentas individuales no altera el revolucionario resultado final que busca la reforma: que el Estado tenga un rol protagónico en la administración de miles de millones de dólares de ahorro previsional. El sistema actual ha evitado tal posibilidad, lo que alienta su desmantelamiento.