Tras el cobarde atropello que le costó la vida al cabo Álex Salazar en Concepción, el general director de Carabineros volvió a exigir al Legislativo la tramitación de proyectos de ley cuyo objeto sería proteger y fortalecer el trabajo de los policías. En una referencia más amplia, el general director acusó una falta de respaldo de los poderes del Estado.

El diagnóstico es sin duda certero. Solo después de varios meses en sus cargos las autoridades de gobierno comenzaron a darse cuenta de que la conservación del orden público depende en forma crítica de que los carabineros puedan desempeñar adecuadamente su trabajo. Pero esta condición no se cumplirá si todo el proceder policial es mirado con sospecha, si se restringen en exceso sus facultades, si ante cualquier incidente se parte por echarle la culpa al funcionario policial, si la autoridad no reconoce cuando se ha equivocado ni restablece en lo posible la honra de las personas injustamente acusadas.

El Gobierno ha negado que exista una actitud basal de suspicacia ante Carabineros por parte de la autoridad. Sin embargo, esta negación contradice los dichos de numerosos personeros de las coaliciones gobernantes y toda una historia de actuaciones que demuestran justamente lo contrario, comenzando por el propio Presidente de la República. La única forma de evitar que la actual negación tenga un carácter exclusivamente retórico es pasar decididamente a los hechos.

Este tránsito, no obstante, puede resultar particularmente complejo si se mantienen las visiones simplistas y maniqueas que dividen a las personas en buenas y malas. Bajo esta lógica, la denominada Operación Huracán, el multimillonario fraude de los funcionarios de Intendencia, los lamentables episodios de ocultamiento de evidencia y, más recientemente, las fotografías de tres generales con un exjugador de fútbol tras el llamado de la diputada Orsini son solo otras tantas razones para que algunos lleguen a calificar a la institución en su conjunto como un foco de abusos, amiguismo y corrupción. Por otro lado, episodios como estos efectivamente dan cuenta de cuánto le queda a Carabineros de Chile por avanzar en lo que respecta a estándares mínimos de seriedad y profesionalismo. Está bien exigir respeto, pero también hay que ordenar la propia casa.

Así, el tan mencionado “respaldo” a Carabineros debe comenzar por adoptar una actitud sensata y realista, consciente de las limitaciones de la formación y cultura policial, pero que al mismo tiempo asume —hasta que no se demuestre lo contrario— que los efectivos han obrado de buena fe y en cumplimiento de su deber.

La revalorización de la policía y el respeto a quienes la integran no pueden estar referidos a instituciones y personas ideales, sino a aquellas que, con sus virtudes y defectos, efectivamente existen. Desde este punto de vista, una relación fructífera y positiva entre los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, y las fuerzas policiales no requiere de grandes modificaciones legales o reglamentarias, sino sobre todo de una vuelta al sentido común y jurídico más elemental. Por ejemplo, y tal como demuestra el caso del malabarista de Panguipulli, entre muchos otros, la aplicación de fuerza letal debe enjuiciarse en el contexto en el que realmente ocurrieron los hechos, utilizando el parámetro que corresponde a un funcionario con cierta formación especializada, pero que sigue siendo una persona normal. Como decía un destacado juez y penalista ya fallecido, “la profesión de héroe no existe”.