Mis anteriores columnas en este diario han analizado las diferencias entre sistemas políticos presidenciales (SPre) y parlamentarios (SPar). Cinco cartas y dos columnas —las agradezco todas— se han referido a mi revisión de la evidencia internacional sobre las ventajas económicas de un SPar. En esta columna me referiré al contexto de la discusión constitucional, presentaré nueva evidencia y detallaré las metodologías empleadas por sus autores.

¿Por qué es importante esta discusión en Chile hoy? Primero, porque nuestro SPre (al igual que en casi toda América, desde EE.UU. hasta Argentina) está quebrado y contribuye a la inestabilidad política, al subdesarrollo y a elegir presidentes extremistas y populistas. Segundo, porque algunas personas interpretan erróneamente que el 7º. principio de las bases constitucionales del Acuerdo por Chile —la separación e independencia de los tres poderes del Estado— colocaría un candado a una propuesta de un SPar para Chile por el Comité de Expertos y, luego, por el Consejo Constitucional. Pues bien, esas personas están equivocadas. La separación entre los tres poderes es tan fuerte en un SPar como lo es un SPre. La separación de poderes es consustancial a la democracia (Montesquieu) —y nadie puede alegar que los SPar son menos democráticos que los SPre. Pero dicha separación es mucho más eficiente en un SPar que en un SPre, cuando aparece un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En un SPar un voto de no confianza parlamentario a un gobierno inepto lleva a un indoloro cambio de gobierno. En cambio, echar a un presidente inepto —Allende en Chile, Castillo en Perú, Trump en EE.UU.— es imposible o lleva a intentos de golpe efectivos o fracasados.

La evidencia comparativa internacional, tanto respecto de las ventajas políticas como de las económicas, es abrumadoramente favorable a los SPar. Una simple asociación o correlación bivariada entre distintas variables políticas, económicas o sociales, por una parte, y los sistemas políticos, por la otra, sugiere que los SPar lo hacen en promedio mejor que los SPre. Por ejemplo, el ingreso promedio por habitante es más alto y la desigualdad del ingreso entre los habitantes es más baja en países SPar, en comparación con países SPre.

Por supuesto, las simples asociaciones entre dos variables (aunque sean estadísticamente significativas) son meramente descriptivas y no deben confundirse con la evidencia causal entre las mismas variables. Para establecer causalidad entre variables (y proceder a su contraste estadístico), esta debe estar fundada en la teoría y documentada empíricamente, controlando por posibles sesgos de bicausalidad, omisión de variables y, en general, una mala especificación.

La evidencia que cito en esta columna —publicada en revistas y libros académicos— cumple con los estándares científicos. La evidencia comparada sobre variables de desempeño político (muy bien resumida por Genaro Arriagada, Jorge Burgos e Ignacio Walker en su libro de 2017, y en las recientes columnas de Walker y de Arriagada) muestran que los SPar, en comparación con los SPre, alcanzan una mayor estabilidad política, conducen a gobiernos más fuertes y exhiben una tasa de sobrevivencia de la democracia que es tres veces más alta. Esto refleja por qué la región más estable del mundo en los últimos 70 años ha sido Europa (casi enteramente parlamentaria), en contraste con Latinoamérica, la región más inestable (y casi íntegramente presidencial). Adicionalmente, la evidencia muestra que en los SPar se observa una mejor gobernanza política, ciclos electorales menos pronunciados, un mayor tamaño del Estado y un mayor gasto social.

Respecto de los resultados económicos, la evidencia muestra que en los SPar, en comparación con los SPre, se alcanzan mayores niveles de ingreso, crecimiento del PIB, inversión, productividad de la inversión pública, infraestructura, desarrollo humano y apertura comercial. Además, en los SPar los niveles de inflación y de desigualdad de ingresos son más bajos.

La nueva Constitución de Chile requiere de un régimen político plenamente parlamentario para lograr una mayor estabilidad política y un mayor desarrollo económico. Además, una democracia fuerte y estable solo es posible con partidos grandes, competitivos y estables. Por lo tanto, la nueva Carta Fundamental debe incorporar reformas complementarias del régimen de partidos que exijan una mejor gobernanza y transparencia de los partidos, y un mayor financiamiento de ellos. Para evitar la proliferación de partidos pequeños y efímeros, su representación parlamentaria debe ser condicional a una votación mínima de, por ejemplo, 5% por partido. No se trata de reinventar la rueda constitucional, sino de basarse en el buen diseño y la favorable experiencia constitucional de las democracias parlamentarias del mundo.