Las críticas al modelo de desarrollo de los últimos 30 años, persistentemente repetidas por el Frente Amplio, se basan en su supuesta dependencia de la explotación de recursos naturales, en lo poco diversa que sería la matriz productiva resultante, y en su baja capacidad para agregar valor a los bienes y servicios que la economía genera, como consecuencia de lo anterior. Tal descripción es una caricatura. Lo ilustran la complejidad tecnológica incorporada en la explotación de recursos naturales de los más variados tipos, la cantidad de nuevos servicios bancarios, financieros, comerciales, de infraestructura y constructivos que se han desplegado en el país en estos años, y la creciente aparición de emprendimientos tecnológicos con prometedoras expectativas de valorización. A pesar de eso, la solución que los críticos del modelo ofrecen a los problemas planteados es que el Estado se encargue de cambiar la matriz productiva y, eventualmente, de implementarla mediante empresas estatales.

Con ese diagnóstico como fundamento, tanto en la campaña presidencial como al inicio de este gobierno, el oficialismo insistió en la necesidad de crear una empresa nacional del litio. Ella no solo produciría ese metal en la categoría batería —carbonato de litio o hidróxido de litio—, sino que, además, incursionaría en la producción de las baterías mismas. De esa manera, capturaría para el Estado el valor de este recurso natural, y, además, le agregaría el valor incorporado en la producción de las baterías. Adicionalmente, todo ello se haría con tecnologías modernas, que evaporarían una mínima fracción del agua que el actual proceso requiere, de modo que, sumado a lo anterior, se avanzaría en el sello ecológico que el Gobierno quiere darle a la economía nacional.

Pero ese escenario voluntarista, fabricado entusiastamente en la mente de ideólogos y dirigentes oficialistas, y consistente con otras ensoñaciones que se advierten en su discurso, requiere implementarse en el mundo real para que se traduzca en beneficios para todos. Y ahí surgen los problemas. El Estado no cuenta con la tecnología necesaria para producir litio, en cualquier categoría que se piense. De hecho, los pasos de Codelco en esta área han sido de una lentitud notoria y desarrollar las capacidades técnicas que se requieren, probablemente distraería su atención de las enormes dificultades que está enfrentando en la producción de cobre. Eso, sin siquiera mencionar la posterior fabricación de baterías. Además, en general, la capacidad realizadora del Estado deja mucho que desear. Baste recordar su pobre desempeño en los servicios de salud, con largas colas de pacientes esperando cirugías, o la persistente baja calidad de la educación pública, a pesar de que las últimas reformas tenían como propósito hacerla “gratuita y de calidad”.

Contrasta con ello el notable desempeño que exhibe la industria privada de litio que opera en el país. Ha sido capaz de aumentar su producción varias veces en los últimos cuatro años, aprovechando el sustancial incremento de precios que ha tenido ese metal; está desplegando importantes inversiones para continuar haciéndolo, incorporando además tecnologías que efectivamente disminuirán la evaporación de agua de su proceso productivo, haciéndolo mucho más ecológico, y, adicionalmente, está aportando importantísimos recursos al fisco: el año 2022 superaron los US$ 5.000 millones, mayores a los entregados por Codelco.

El caso del litio muestra que los críticos del sector privado tienden a desdibujarlo mediante caricaturas: que no incorpora tecnología, que no se preocupa del medio ambiente y que no agrega valor a la economía nacional. La realidad es crecientemente la opuesta. Con adecuadas reglas para explotarlo, la industria privada del litio puede seguir generando enormes recursos al país, construyendo de paso un valioso acervo tecnológico nacional.

No es el modelo de desarrollo el deficiente, sino el diagnóstico que así lo afirma.