Seis personas se han referido en cartas y en una columna a mi columna inicial sobre la adopción de un régimen parlamentario en la nueva Constitución de Chile. Hace bien a Chile, y a la futura discusión de expertos y comisionados, analizar las fortalezas y debilidades de nuestro actual sistema presidencial (SPre) y su eventual reemplazo por un régimen parlamentario (SPar).

Un primer argumento contrario a la adopción de un SPar, levantado por R. Kaufmann y E. Vargas, y por C. Alvarado, es que “la idiosincrasia y el contexto nacional” no permitirían dicha adopción. Chile no podría hacer reformas profundas —constitucionales o de otro tipo— porque dichas reformas cambiarían el statu quo. Si nos hubiésemos ceñido a esta consideración inmovilista, Chile no tendría una economía abierta y de mercado, iniciada en los años 1970 y profundizada en los 1980 y 1990.

Segundo, se afirma que la experiencia internacional comparada (denominada “fórmulas extranjeras importadas en forma acrítica”) no es relevante para discutir e implementar cambios constitucionales. ¿Y qué evidencia creen mis críticos que inspiró las reformas económicas a las que me referí arriba? ¿Fue la experiencia internacional comparada o solo fue mirarnos el ombligo?

Tercero, se me imputa que obvio la diferencia entre correlación y causalidad. Esta imputación incorrecta es más seria, porque desde los primeros cursos de economía y estadística, y como condición para toda publicación de trabajos empíricos, se diferencia entre simple asociación o correlación bivariada (estadísticamente significativa) y causalidad entre variables (también estadísticamente significativa), fundada en la teoría y documentada empíricamente, controlando por posibles sesgos de bicausalidad, omisión de variables y, en general, mala especificación.

Pues bien, en mi columna presenté evidencia gráfica sobre las asociaciones internacionales simples o bivariadas entre SPar y desarrollo, y entre SPar y democracia. Y luego me referí a la evidencia constitucional y económica internacional, que intenta (y no siempre logra) controlar por los sesgos mencionados.

Las publicaciones que aportan evidencia empírica comparativa internacional (Persson y Tabellini, 2003; Gerring et al., 2009; Blume et al., 2009; Rockey, 2012; McManus y Ozkan, 2018), documentan (controlando por varios potenciales sesgos) que los SPar, en comparación con los SPre, codeterminan los siguientes resultados económicos: mayor gasto social, mayor apertura comercial, menor inflación, mayor inversión, mayor productividad, mayor crecimiento económico, mayor desarrollo humano y mejor distribución del ingreso.

Cuarto, mis detractores afirman que las dificultades políticas en algunos países con SPar (la república de Weimar —¡sic!— o Bélgica hoy —¡otro sic!— o Hungría hoy) hacen descartar un SPar para Chile. Estos dichos sí que incurren en tres sendos sesgos: de selección de muestra, de muestra pequeña y de omisión de variables.

Finalmente, la adopción de un SPar en Chile es condición necesaria pero no suficiente para lograr un mejor régimen político que el actual, que requiere de reformas complementarias. Entre estas últimas están la adopción de un régimen de partidos más fuertes y grandes, con representación parlamentaria condicional a una votación mínima de, por ejemplo, 5% por partido; el fortalecimiento del financiamiento partidario (incluyendo los centros de estudios asociados a ellos); y una gobernanza fuerte de los partidos.

Klaus Schmidt-Hebbel
Profesor Titular
Universidad del Desarrollo