El año 2022 habría terminado con un nivel de ocupación inferior en 1,5 por ciento al que se observó en 2019. Los estragos generados en la ocupación por la pandemia y la desaceleración económica de los últimos meses han tenido un papel relevante en esta evolución. Este rezago es relativamente más importante si se considera que en el mismo período la población en edad de trabajar se elevó en un 4 por ciento. Son estos antecedentes los que generan dudas respecto del impacto que pueda tener el acuerdo alcanzado por unanimidad en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para reducir la jornada laboral a 40 horas. Destrabó la tramitación de la iniciativa la apertura gubernamental a aceptar que las 40 horas pudieran corresponder a un promedio por cada cuatro semanas, pudiéndose en una de ellas trabajar hasta 45. También contribuyó el que se establecieran flexibilidades adicionales en caso de negociación con los sindicatos y reglas levemente diferentes para aquellas actividades que requieren algún grado de continuidad de servicios para evitar perjuicios al país o al normal desenvolvimiento de la industria en cuestión. Finalmente, hubo acuerdo para una aplicación gradual de la norma: 44 horas al primer año, 42 al tercero y 40 al quinto.

No es solo la debilidad del empleo en el momento actual el único hecho que supone un riesgo para la evolución de las oportunidades de trabajo. También puede afectarla el relativo estancamiento de la productividad laboral. Esta habría crecido en torno al uno por ciento promedio anual en la última década, mientras que los salarios reales lo han hecho a una tasa de 1,6 por ciento. En estas condiciones, no va a ser fácil acomodar la reducción de jornada, a menos que la economía se expanda vigorosamente en los próximos años. Pero nada de ello parece plausible. La inversión ha tenido una evolución poco satisfactoria en los últimos años, más allá de los buenos números del segundo semestre de 2022, y la productividad de toda la economía viene hace tiempo estancada. Los anuncios al respecto del viernes pasado, si bien en la dirección correcta, no parecen suficientes para dar el impulso requerido.

Otro factor que no ha sido bien ponderado es la heterogeneidad en la productividad de las empresas. Ello hace que trabajadores que cumplen las mismas funciones reciban salarios muy distintos según donde se desempeñen. A las compañías de baja productividad —no todas pequeñas— les costará más adaptarse y ellas tienen una proporción más elevada de personal con poca calificación. Las eventuales consecuencias negativas de estas medidas serán, entonces, sentidas con más fuerza por ellos. Por último, se está legislando también para elevar la tasa de cotizaciones previsionales con cargo al empleador, introduciendo un nuevo costo laboral en un escenario de reducida productividad. Sumadas estas circunstancias, es difícil considerar la reducción de jornada como una prioridad. Sus costos pueden estar subestimándose.