Las dudas respecto de la tendencia de la economía estadounidense durante el último trimestre de 2022 se disiparon esta semana. El PIB se expandió un 2,9% (anualizado) entre septiembre y diciembre de 2022, para cerrar con un crecimiento de un 1% durante todo el año. Si bien la cifra del último trimestre es menor a la del anterior (3,2%), estuvo levemente por encima de las expectativas del mercado, confirmando que el país ha resistido el impacto del mayor costo del dinero (altas tasas de interés).

Las noticias positivas también estuvieron en el frente de la inflación. La estimación de la evolución de los precios que se realiza en función del deflactor del consumo privado arrojó una variación de 3,2% anualizada, muy por debajo de la cifra del trimestre anterior, de 4,8%. Esto ha sido interpretado de forma positiva por los mercados bursátiles, que respondieron al alza, pues sería una condición para que la Reserva Federal opte por un aumento de solo 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria (hace pocas semanas el mercado tenía internalizado un aumento de 75 puntos).

Sin embargo, un análisis detallado ofrece una versión algo más pesimista del futuro. El crecimiento estuvo fuertemente influenciado por el consumo privado (2,1%) y la acumulación de inventarios (1,5%), lo que es consistente con un mercado laboral que aún muestra una importante fortaleza. De hecho, la tasa de desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos —3,5%—, si bien la evolución de la fuerza de trabajo comienza a generar preocupaciones respecto de un crecimiento en los próximos meses en el número de personas que buscan empleo. La reciente decisión de las más importantes compañías tecnológicas de reducir empleados ha sido interpretada como un preocupante precedente de la evolución del mercado laboral en los próximos meses. A esto se suma la inquietud por la evolución de la inversión, particularmente en sectores intensivos en mano de obra. Es el caso de la inversión en el sector construcción de viviendas, que sufrió una caída de 26,7% (anualizado). En el agregado, la inversión privada solo aumentó un 0,7%.

Desde el punto de vista del gasto público, las noticias tampoco son alentadoras. En el último trimestre de 2022, este aumentó un 6,2% (anualizado), lo que contribuyó con 0,64 puntos al crecimiento del producto. La inercia que generan estos desembolsos probablemente continuará sosteniendo la evolución de la economía. Esto podría facilitar la concreción de lo que la Reserva Federal ha denominado como un “aterrizaje suave” de una economía que se había mantenido activa por políticas monetarias y fiscales expansivas. De todos modos, las expectativas de que EE.UU. caiga en recesión durante parte del 2023 siguen superando el 50%.

Pero la evolución del gasto federal ha gatillado otra gran fuente de incertidumbre por su impacto sobre los niveles de endeudamiento de EE.UU. Su deuda pública se mantiene por sobre el 120% del PIB, con presiones al alza. Ante ello, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha anunciado una revisión de las partidas más importantes que componen el presupuesto, pero no será suficiente. Así, se anticipa que se requerirá una aprobación por parte del Congreso de un aumento en el nivel máximo de deuda. Dado el disfuncional comportamiento de la Cámara de Representantes, con una mayoría del Partido Republicano con dificultades para generar acuerdos internos, no es posible descartar el riesgo de un default. Si bien este es un escenario de baja probabilidad, por el impacto que tendría en los mercados, no debe ser desatendido. Para Chile, agregaría dificultades a un año que se anticipa complejo.

Institucionalidad y economía: El caso de Israel

La discusión respecto de posibles cambios institucionales en Israel es otro tema que ha captado la atención mundial por su potencial impacto económico. El anuncio de una reforma al sistema judicial ha sido interpretado como un retroceso dentro del ordenamiento jurídico de ese país. En esencia, el gobierno del Primer Ministro Benjamin Netanyahu busca entregar atribuciones a la Knéset, la asamblea unicameral que constituye el Poder Legislativo, para revertir decisiones de la Corte Suprema. Adicionalmente, se impondrían restricciones sobre las atribuciones de la corte para evaluar la labor del Knéset, y el Poder Ejecutivo tendría una mayor representación en el comité que nombra a los jueces.

La reforma ha sido justificada por la actual administración como una fuente de equilibrio ante los problemas de gobernabilidad. Sin embargo, los riesgos de la idea, que se asemeja a cambios implementados en Polonia y Hungría, han generado preocupación en la comunidad experta que, justificadamente, ha planteado que el nuevo balance podría generar incertidumbre respecto del marco económico legal del país. De hecho, se ha alertado la posibilidad de que incluso la calificación de la deuda soberana se vea afectada.

Para Chile, este debate rememora el grave riesgo que significó el proyecto de Carta Fundamental rechazado en septiembre de 2021. Del mismo modo, debe recordarnos que cualquier cambio constitucional puede alterar los fundamentos económicos que sustentan un país. Esto debe ser un elemento central a tener en cuenta en el proceso que se ha iniciado con la selección de los expertos que contribuirán en el diseño de un nuevo proyecto de Constitución.