El procedimiento elaborado por el Congreso para redactar una nueva Constitución completó su primera etapa: el nombramiento de una comisión de 24 expertos —12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados— y de un Comité Técnico de Admisibilidad de 14 árbitros, ratificados por el Senado a partir de una proposición única de la Cámara. Los expertos serán los encargados de elaborar una propuesta constitucional que contenga las 12 bases establecidas por el Congreso. A partir de ella, el Consejo Constitucional, electo por la ciudadanía, discutirá y redactará la Carta Fundamental que se someterá a un plebiscito popular. Los árbitros verificarán que todo el procedimiento se ajuste a las normas establecidas y que la redacción propuesta incluya las 12 bases ya señaladas.

Constituye un importante logro el que esta etapa haya sido completada en tiempo y forma. Como el diseño del procedimiento que sigue es complejo, esta primera señal —escoger a expertos y árbitros— permite albergar esperanzas de que efectivamente haya un cierre exitoso del tema constitucional a fines de año.

El proceso incluye un sistema de pesos y contrapesos, en que los expertos, los árbitros y los consejeros electos interactuarán con distintos quorum para ratificar sus actuaciones. Esto procura evitar que aquel se desvíe de su objetivo y, además, que lo haga conforme a las reglas establecidas, si bien la voz definitiva la tendrán, primero, los consejeros electos y, luego, la propia ciudadanía. En general, los 24 expertos y los 14 árbitros cumplen con los criterios establecidos, tienen la preparación necesaria, y muchos de ellos han participado en el debate público desde distintas instancias —parlamentaria, académica o ministerial—, de modo que en su gran mayoría cuentan con la experiencia para desarrollar sus funciones. Como se podría haber anticipado, su nombramiento requirió de diversas negociaciones al interior del Congreso y en conjunto con los partidos políticos, para procurar equilibrar las sensibilidades de las distintas facciones, conseguir que su composición reflejara la del Congreso, y que se respetara la paridad de género. Ello ha dado también lugar a algunas designaciones controvertibles, que ya han generado polémica y cuyo desempeño será por lo mismo objeto de especial atención pública.

De este modo, la gran responsabilidad recae ahora sobre los escogidos. El país observó con estupor la experiencia de la Convención que, en medio de una embriaguez refundacional, condujo a una propuesta categóricamente rechazada por los chilenos. Esta vez, aunque el procedimiento está mejor pensado y reglado, su resultado y la apreciación ciudadana de este dependerán de la actuación de sus miembros. En los próximos meses, la población estará examinando atentamente la propuesta que los expertos preparen para entregar a los consejeros electos, y el celo que tengan los árbitros para hacer cumplir las reglas establecidas. Sobre los hombros de cada uno de ellos recaerá una inmensa responsabilidad, que puede marcar el curso futuro del país.