El tenor y las propuestas del informe gubernamental encargado a tres universidades estatales sobre los medios de comunicación del país confirman las objeciones que expresó la Asociación Nacional de la Prensa al decidir no concurrir a las convocatorias del Ministerio Secretaría General de Gobierno para involucrarse en su iniciativa.

Desde el momento en que el Presidente Gabriel Boric, en su Cuenta Pública del 1 de junio del año pasado, anunció la elaboración de este documento, hicimos ver nuestra inquietud en cuanto a que una iniciativa de esas características se estructurara desde las entidades gubernamentales y estatales —uno de los principales sujetos de fiscalización de los medios— y no desde la sociedad civil. Subrayamos entonces que ella trasuntaba un evidente ánimo de promover nuevas regulaciones para la actividad de los medios y la libertad de expresión. De ahí que desistiéramos de concurrir a las entrevistas semiestructuradas que —para la concreción de este proyecto— se desarrollaron en dependencias del Ejecutivo, sobre la base de un temario fijado por la autoridad y coordinado por instituciones académicas estatales designadas por el mismo gobierno.

El ajuste del relato sobre la génesis de esta iniciativa —hecho en la introducción del texto titulado “Más amplitud, más voces, más democracia”— intenta atenuar la trazabilidad política del documento, relevando el rol de las universidades estatales involucradas.

Respecto de los contenidos del informe, llama la atención cómo este, focalizado como está en las dimensiones del sistema de medios como una estructura de poder cuya redistribución se pretendería, ignora en cambio su actual realidad. Ella se caracteriza por la existencia de una inmensa variedad de medios, muchos de ellos digitales, los cuales ya no se conectan con el público a través de las plataformas clásicas de hace 40 años (radio y televisión concesionada, y prensa), sino en plataformas multimediales que han enriquecido el ecosistema mediático. Así, las barreras de entrada son hoy mínimas, gracias a los menores costos que ofrecen las nuevas tecnologías. Sorprendentemente, tratándose de un documento que pide “más voces, más democracia”, no da cuenta, en cambio, de las amenazas que representa el monopolio actual de las grandes plataformas vinculadas a gigantes tecnológicos, cuestión que es objeto de amplio debate mundial en estos días y que concentra la preocupación de las principales democracias.

Así, las propuestas del informe avanzan conforme ese mismo superado diagnóstico “analógico”, buscando segmentar el espectro que utilizan la radio y la televisión tradicionales, debilitar la llegada de la publicidad estatal a las audiencias, crear medios públicos que tendrán un impacto monopólico en regiones, haciendo peligrar a los medios locales, y hasta regular por vía legal la forma en que se debería informar, desdibujando la libertad editorial, una de las bases de cualquier democracia moderna.

Algunas de las propuestas contenidas ya habían sido presentadas por ciertos sectores en el reciente proceso constituyente, pero fueron rechazadas en el pleno de la propia Convención, precisamente por su negativo impacto sobre las libertades de expresión y de prensa. En efecto, su implementación entregaría al Estado un mayor control en la regulación de los medios y daría pie a tentaciones autoritarias que podrían encaminarse a la desaparición de medios y a fortalecer el control de los gobiernos sobre la “información”, si es que los contenidos generados en esas condiciones pudiesen ser llamados así.

Lamentablemente, estos peligros no logran ser conjurados por las acertadas referencias del informe a materias como la necesidad de un mayor resguardo de la seguridad de los periodistas en el ejercicio de sus labores —situación en la que siempre le hemos planteado al Gobierno nuestra preocupación e irrestricta colaboración—, el aumento de los incentivos económicos que establece la Ley de Prensa y el fortalecimiento de la educación escolar sobre medios y uso de redes sociales. Por el contrario, ellas se acompañan de numerosas propuestas de nuevas regulaciones. Estas incluyen el establecer un inédito código de ética periodística por vía legal, condicionar las concesiones comunitarias de radio y televisión según el aporte social que el mismo poder público estime discrecionalmente que requiere la comunidad, o implementar administrativamente orientaciones de diversidad cultural a todos los medios, supeditando incluso a su cumplimiento la asignación de una concesión. Lo anterior, además de la ya mencionada segmentación del avisaje estatal, que, en lugar de mirar a la efectividad del mensaje, se convertiría en un mecanismo de “premio” y redistribución financiera.

En definitiva, el resultado de esta iniciativa, más que fortalecer la libertad editorial y profundizar la libertad de prensa en el país, y con ello la democracia, parece destinado a servir como marco teórico para la definición de políticas públicas y propuestas legales que introduzcan nuevas regulaciones en el funcionamiento de los medios, debilitando el papel que estos juegan como espacio de debate público y de fiscalización de las autoridades.

Juan Jaime Díaz Cauquelin
Presidente Asociación Nacional de la Prensa (ANP)