El Ministerio de Energía se prepara para la tramitación ambiental del proyecto Kimal-Lo Aguirre, vital para el proceso de descarbonización. Esta línea permitirá transferir grandes cantidades de energías renovables no convencionales producidas en el norte hacia los núcleos de demanda del centro del país. De gran extensión, recorrerá aproximadamente 1.400 km desde Antofagasta hasta la Región Metropolitana. Será además la primera línea nacional con corriente continua, que permite transportar con bajas pérdidas grandes cantidades de energía entre dos puntos distantes. Su capacidad será de 3.000 MW, casi el doble de la línea Cardones-Polpaico, que une el Norte Chico con el centro de Chile. El consorcio colombiano-chileno/canadiense-chino que ganó la licitación recibirá una remuneración anual de US$ 116,3 millones durante los próximos veinte años.

La importancia del proyecto se entiende al considerar que es en el norte donde se aloja la mayor parte de la generación de energías renovables. Sin suficiente capacidad de transmisión, no solo se pierde energía, sino que aquella que puede enviarse en una línea congestionada llega a tener valor cero, lo que reduce el atractivo para nuevas inversiones. Esto explica que el Ministerio y el Gobierno hayan dispuesto sus recursos para tratar de facilitar al máximo el proceso de evaluación ambiental, especialmente en lo referido a las relaciones con las comunidades. Será una tarea difícil: la línea Cardones-Polpaico tuvo un retraso de casi un año precisamente porque debió enfrentar tanto el oportunismo de propietarios de terrenos y de comunidades como la oposición de grupos de activistas. Estos se jugaron por cerrar el paso al proyecto en sus etapas finales, pese a sus favorables efectos globales sobre el medio ambiente.

El ministro de Energía estima que, si se manejan bien y por anticipado las relaciones con las comunidades, estos problemas serán ahora menores. Es de esperar que sea así: difícilmente podrían cumplirse las promesas de descarbonización si la construcción de la línea se retrasa significativamente. Pese a ello, conviene mantener cierto escepticismo. Bajo la actual institucionalidad, es muy posible que el proyecto enfrente problemas pese a superar satisfactoriamente el análisis técnico. En efecto, muchos activistas han demostrado actuar en contra de una inversión o acosarla legalmente incluso cuando se han cumplido las etapas de consulta ciudadana y obtenido todos los permisos ambientales, y hasta en las etapas finales de construcción. Con todo, dadas las señales de las autoridades, es probable que el proyecto no enfrente el sabotaje político-ambiental que ha afectado a otras iniciativas el último año.

Pero no es esa la única preocupación del ministro: el sector eléctrico requiere importantes modificaciones en su normativa, para adaptarse y facilitar cambios deseados. En el futuro mediano será necesario pasar desde un mercado de generación administrado a un mercado de ofertas. En efecto, dado que la generación renovable tiene costo marginal cero y gran parte se produce a las mismas horas, en un mercado con mucha penetración renovable las empresas sin contratos no tendrán ingresos en esas horas; e incluso para aquellas que poseen contratos de suministro, si no pueden transportar la energía que producen, su rentabilidad también será baja. En distribución, en tanto, es necesario invertir en redes inteligentes y reforzar la infraestructura para enfrentar una creciente electrificación de la economía, además del aumento de los recursos distribuidos (de generación y de consumo). Esto también contribuirá a aminorar las ineficiencias por las fuertes variaciones horarias de costos.

Está, por otra parte, en discusión el nuevo reglamento de potencia. El Ministerio ha dado muestras de prudencia al permitir que los proyectos recientes no se vean afectados por el cambio durante los próximos 15 años, lo que garantiza la mantención de las condiciones ofrecidas a los inversionistas. Sin embargo, la modificación en las reglas de la reserva estratégica de generación térmica podría ir en la dirección contraria.

Cuando son diversas las áreas de la economía en que las iniciativas del Gobierno generan incertezas, si el sector eléctrico no da señales que garanticen estabilidad, se volverá irreal alcanzar las metas de generación renovable que se propone la autoridad. Al menos, no sin elevar en exceso el precio de la electricidad o afectar la seguridad del sistema.