Enero fue un mes de inusitado rápido avance para la reforma tributaria. La composición de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, permitió el veloz despacho de algunos de los más complejos artículos que se hayan propuesto en materias impositivas en nuestra historia reciente. Fue el caso del impuesto al patrimonio, el importante aumento de los tributos a los ingresos personales, la profunda transformación del Servicio de Impuestos Internos (SII) y los gravámenes a las utilidades retenidas, entre otros. De esta forma, y solo con ajustes menores, el Ejecutivo logró pasar la primera valla del trámite legislativo sin modificar sustancialmente la estructura del proyecto original.

En el análisis de la discusión no solo ha sorprendido la falta de argumentos técnicos para sustentar algunos de los nuevos impuestos o justificar la real posibilidad de recolectar 3,6% del PIB en régimen por parte de los equipos del Ministerio de Hacienda: también ha quedado en evidencia la dificultad de la oposición para configurar una línea argumental consistente con principios que ese sector ha defendido históricamente. A modo de ejemplo, se ha levantado el punto mínimo del potencial impacto negativo que la reforma tendría sobre la inversión, pero se ha validado irreflexivamente por algunos de los diputados de centroderecha la multiplicación de atribuciones que tendría Impuestos Internos, en aras de un eventual “combate a la evasión y la elusión”. Esto, sin reparar en la debilidad de la institucionalidad propuesta, que pondría en una desventaja a cualquier contribuyente frente a toda acusación de ese servicio. Tampoco se ha reparado en el efecto que tendrá la desintegración del sistema sobre las empresas, los desincentivos a crecer por parte de las pymes o la real factibilidad de generar I+D a partir de un peculiar modelo de créditos tributarios.

Algunos de los parlamentarios de oposición en la antes mencionada comisión tampoco se mostraron especialmente preocupados por la evidencia sobre los millonarios recursos públicos destinados a programas mal evaluados que, de ser reasignados, podrían reducir significativamente la necesidad de aumentar la recaudación vía mayores impuestos. Esto, a pesar de que se estima que casi un 4,5% del PIB hoy se destina a programas con evaluaciones deficientes. Más entusiasmados se mostraron con la posibilidad de extender algunos de los programas sociales utilizando nuevas exenciones por ciertos gastos que contiene el texto, sin reparar en los problemas prácticos y de incentivos que esto acarrearía.

Tal grado de confusión ha facilitado el proceso de despacho de los distintos artículos que ahora pasarán a ser discutidos en la sala de la Cámara, antes del segundo trámite en el Senado. Así, el debate en comisión deja en parte la percepción de una oportunidad perdida, en cuanto a la posibilidad de haber impulsado una discusión más profunda respecto de temas sensibles, lo que hubiera redundado en un mejor proyecto.

La hábil reacción de Hacienda frente a este escenario permitió el rápido avance legislativo, acompañado de una mínima disposición —al menos pública— a introducir cambios de fondo en la iniciativa. En este sentido, poco contribuyen las afirmaciones del ministro Marcel al plantear a propósito de este proyecto que “cuando se habla de hacer crecer la torta”, el punto “es si acaso estamos todos invitados al cumpleaños”, sugiriendo una dicotomía —por cierto, falaz— entre inversión y crecimiento. Por lo demás, la composición del Senado lleva en principio a anticipar un escenario mucho menos propicio a la aprobación sin más de la propuesta.

La reforma tributaria adolece de importantes falencias que requieren una observación rigurosa y focalizada en los detalles. El Senado tendrá el desafío de conducir tal discusión y el Gobierno la responsabilidad de introducir cambios evidentemente necesarios en un proyecto que, de no ajustarse ahora, podría correr la suerte de anteriores iniciativas tributarias que debieron ser reformadas a poco de aprobadas y aun antes de su plena vigencia.