Hace pocos años y de la mano de un comportamiento político extremadamente irresponsable, el Presidente y algunos de sus ministros contribuyeron a crear o a profundizar los severos problemas que pesan sobre los hombros de la ciudadanía. Hoy varios se declaran arrepentidos, pero es evidente que el solo acto de contrición no bajará la inflación, ni traerá seguridad a los barrios ni impulsará la inversión y el empleo. A lo sumo, les sirve para sentirse bien o para generar, en ciertos actores del debate público, la pulsión de arroparlos con frases del tipo todas las personas tienen derecho a enmendar el rumbo o se están moderando. Pero la adulación en ningún caso sirve a la señora Juanita (sino al que adula), menos aún cuando el remordimiento no se acompaña con acciones concretas de cambio. Más parece una cándida cuestión de élite, insoportablemente zalamera.

El Gobierno también espera, ante el declarado arrepentimiento, que la oposición sea indulgente, lo que incluye exigirle responsabilidad política, la misma que no tuvieron cuando fueron oposición. Si la derecha apunta al Gobierno, rápidamente este habla de revanchas políticas y de cuán irresponsable es actuar así considerando las condiciones del país (como si en 2019 y en adelante, en que impulsaron nueve acusaciones constitucionales, adicionales a las ya emprendidas, el país anduviera miel sobre hojuelas). Y entonces, algunos en la oposición se visten de culpa y ponen reversa, en circunstancias de que, lejos del relato oficialista, uno de los capítulos acusatorios del libelo contra el ministro Jackson merecía mayor estudio al imputarle a este responsabilidad por graves infracciones jurídicas contra la probidad en el episodio de la seremi metropolitana. La narrativa del supuesto empate logró, no obstante, y de momento, que el ministro no se haga cargo de su responsabilidad. El Gobierno se anotó un triunfo político, que en todo caso es pírrico, pero que podría insuflar el globo de la superioridad moral que los embarga en momentos en que no tiene nada en concreto que ofrecerle a la población, y darle confianza para perseverar en sus errores. En tanto, el Estado de Derecho espera sentado que alguien se anime a defenderlo y la ciudadanía con él.

En materia de (in)seguridad pública, más que arrepentimiento la estrategia es el doble discurso. Hoy rasgan vestiduras porque la oposición no ha vuelto a la mesa del acuerdo político y esta nuevamente podría vestirse de culpa y preparar la marcha atrás, cuando no es necesario. Basta que el Gobierno ponga urgencia a los proyectos de ley del ramo en el Congreso y que los parlamentarios de derecha presenten además los propios, con mucha convicción, a ver si el Gobierno los apoya. El vértigo del acuerdo y su motivación parece ser otro. Con un desparpajo de proporciones bíblicas la alcaldesa Irací Hassler señaló, en un intento por compartir responsabilidades, que la situación de inseguridad no daba para más y que Chile necesitaba urgente un acuerdo por la seguridad, con aumento de dotación policial, fiscalización de armas, control efectivo de la inmigración irregular y persecución penal con resultados. Vale la pena recordar que su sector no solo deslegitimó a Carabineros, sino que lo acusó de cometer delitos que no cometió, inventaron un centro de torturas y, recientemente, el mandatario indultó a personas con gruesos prontuarios, favoreciendo a los delincuentes, mientras los ciudadanos de esfuerzo, en el infierno.

En lo económico contribuyeron, con los retiros de fondos de pensiones y la violencia, a empobrecer a los chilenos. Hoy reconocen el problema porque les estalló en la cara. Para hacerle frente, necesitamos que prosperen las oportunidades laborales y mejoren los salarios. En mayo de 2022, en InvestChile, el mandatario dijo que nuestra solidez institucional permitiría mejorar la calidad de vida del pueblo; que era necesario reactivar la economía y que la mayor inversión sería sinónimo de nuevos empleos para devolverles tranquilidad a las familias que, producto del ajuste que vive la economía (en buena parte, causado por quienes gobiernan), han sufrido mucho. Pero unánimemente rechazaron el proyecto minero y portuario Dominga. El Presidente ya había dicho NO a Dominga, en lo que califica como la versión performativa y elocuente (pero inaceptable) del telefonazo de Barrancones. El proyecto contaba con los permisos técnicos que la ministra Rojas, días antes, señalaba debían prevalecer y, sin embargo, primó la política, la que según la misma ministra no le da valor a la protección medioambiental. Y mientras tanto, los vecinos de La Higuera, emprendedores de la zona y proveedores, al infierno, total el reino de los cielos es de los arrepentidos.