El debate público sobre pensiones ha estado habitualmente marcado por eslóganes de escaso fundamento técnico. Estos han utilizado las complejidades propias de un sistema previsional para mellar, por ejemplo, las ventajas de la capitalización individual, y así dejar de lado la búsqueda de los ajustes razonados que todo modelo de este tipo requiere en el tiempo. Frente a esta realidad, influida además por grupos radicales que solo apuntan a desmantelar el sistema actual, una discusión informada y anclada en cifras es bienvenida.

El Ministerio de Hacienda ha realizado un esfuerzo en este sentido. Evidentemente, lo ha hecho con el fin político de apoyar su reforma de pensiones, pero ha presentado datos que permiten hacer comparaciones interesantes. El último ejemplo es un informe que analiza las tasas de reemplazo, esto es, el porcentaje que representan las pensiones respecto de un promedio mensual de remuneraciones. Con todo, el documento genera ciertos reparos técnicos relevantes.

En primer lugar, en un cálculo distinto del criterio técnico recomendado, Hacienda presenta tasas de reemplazo estimadas considerando el salario promedio mensual de los 12 meses anteriores a la última cotización (la práctica es utilizar el promedio de 10 años). De este modo, proyecta para 2024 una tasa de reemplazo mediana del 17% para el “sistema de AFP” (pensión autofinanciada), la que aumenta a un 30% cuando se consideran 30 o más años de cotización. Ambas cifras parecen bajas, considerando que en la Comisión Bravo estimaciones similares arrojaron 34% y 46%, respectivamente. Quizás la utilización de 10 años como referente (en vez de 12 meses) clarificaría esas diferencias, pero sería apropiado que todo ejercicio técnico ofreciera comparaciones explicadas.

Un segundo elemento que requiere atención son los cálculos que se hacen para distintos escenarios. En el caso de “Sistema AFP actual + PGU actual” se estima una tasa de reemplazo de 55% para 2024, lo que da cuenta del impacto del pilar solidario vigente, proyección que subiría a un 71% con “Reforma”. Como referencia, la tasa neta promedio (no mediana) en la OCDE es de 62%. Esto sugiere que la reforma, financiada con un impuesto al trabajo, permitiría alcanzar tasas mayores a las existentes entre los países más ricos del planeta. Ahora bien, este eventual resultado debe no solo ser cuantificado en función de los beneficios, sino también de los costos que involucraría. En este sentido, la ausencia de estimaciones de potenciales costos de la transición en una eventual reforma es preocupante. Son numerosos los ejemplos en el mundo en que una bien intencionada generosidad inicial en pensiones ha terminado provocando presiones fiscales irresponsables.

El informe de Hacienda también realiza ejercicios de simulación para dos escenarios alternativos: destinación de los seis puntos adicionales de cotización a la cuenta individual o a ahorro colectivo. En el largo plazo, ambas opciones entregarían resultados similares, pero el análisis sugiere que, en el corto, la reforma ofrecería mejores tasas de reemplazo. Esta es, sin embargo, una conclusión mecánica, resultado de los particulares supuestos utilizados por los equipos del ministerio, por lo que debe ser interpretada con precaución. En efecto, para realizar las estimaciones, los escenarios son construidos sobre la base de parámetros distintos para la rentabilidad de los fondos (3,38% vs. 4,04%) y de las rentas vitalicias (3,11% vs. 3,56%), siempre más favorables para el escenario de reforma. La justificación técnica de tal ventaja es cuestionable. Es de esperar que futuros ejercicios ofrezcan una explicación más fundada o, al menos, se presenten proyecciones realizadas bajo los mismos supuestos.

Para contribuir a un debate complejo y altamente ideologizado, es esencial contar con cifras replicables y con la mayor claridad posible respecto de los supuestos utilizados. En este sentido, el esfuerzo de Hacienda no resulta del todo satisfactorio. Se agrega a ello la preocupación expresada por un grupo transversal de centros de estudio en cuanto a que los datos del proyecto de pensiones entregados por la autoridad serían insuficientes. Resolver situaciones como esta parece una condición necesaria para debatir respecto de cualquier política pública.