Algún comentarista argentino dijo que “fijar precios es la manera que tiene la política de poder cantar victoria sobre la inflación”.

¿Qué le parece a usted que a este lado de la cordillera implementemos la siguiente idea?: “fijar precios y gastar 4 mil millones de dólares en subsidios para evitar que suban algunos precios”.

Vale la pena considerar un número para poner en perspectiva lo que representan 4 mil millones de dólares en nuestro contexto político, económico y social: el programa social más costoso en Chile, la recién implementada Pensión Garantizada Universal, tuvo en 2022 un costo aproximado de 5 mil millones de dólares.

Es decir, aquello de que las cosas cuestan lo que cuestan, de que no hay almuerzos gratis y que en definitiva cuando se maquillan los precios es porque está pagando Moya, en este caso significarían para Moya un costo morrocotudo.

Lo relevante es tener claro que, aunque tendemos a ignorarlo, esto no es una idea hipotética, sino que una realidad concreta y vigente: si sumamos los recursos entregados al Mepco, al Transantiago y los destinados a moderar el crecimiento de las tarifas eléctricas, durante el año 2022 se gastaron al menos US$ 4.000 millones.

De un tiempo a esta parte, consideraciones políticas nos han llevado a justificar el congelamiento de algunos precios o a intentar suavizar el alza de los precios al nivel que el mercado indica. Lo que hace doblemente excepcional esta realidad es que mientras la inmensa mayoría de los programas sociales que ejecuta el Estado son evaluados permanentemente con el objeto de ir mejorándolos y adecuar su diseño para tratar de asegurar el mayor impacto social posible, respecto de estos 4 mil millones de dólares no existe ninguna evaluación equivalente.

Desde su implementación, el Transantiago nunca se ha financiado con el cobro del pasaje. Desde el 2007, el sistema requirió de subsidios para operar a pesar de haber sido diseñado bajo la promesa de que sería financieramente sustentable. El año 2009 el subsidio era cercano a los US$ 300 millones. En 2022 fue de US$ 900 millones. A partir de octubre del 2019 la tarifa se congeló y se ha mantenido congelada hasta la fecha a pesar de los aumentos de los costos reales del sistema gatillados, entre otros factores, por la cada vez mayor tasa de evasión que alcanzó el récord de un 40%. A pesar de las reiteradas sugerencias del panel de expertos del sistema de aumentar la tarifa, las tarifas siguen congeladas.

En el caso de nuestro mecanismo de estabilización de los precios del combustible (Mepco), que funciona mediante la inyección de recursos fiscales y por medio de la reducción del impuesto a los combustibles cuando los precios van al alza, en 2022 pasado el Fisco debió aportar casi US$ 3.000 millones al fondo. De acuerdo a estimaciones propias, recién al año 2025 se estarían reintegrando estos recursos al fondo, mediante un menor traspaso a los consumidores finales de las eventuales caídas de los precios internacionales a lo largo de estos próximos años.

Y en cuanto a los precios de la electricidad, su aumento también está dilatado en el tiempo. Luego de octubre del 2019 se aprobó la ley de estabilización de las tarifas eléctricas que congelaba aumentos de las tarifas regulados creándose una deuda en el sistema, la cual iba a ser pagada con cargo a futuras rebajas del precio de energía. Así, entre fines del 2019 y mediados del 2022 se había acumulado una deuda de aproximadamente US$ 1.700 millones. Con la finalidad de no reajustar las tarifas eléctricas en más de 40%, que indicaban algunas estimaciones, se volvió a legislar, creando un nuevo mecanismo de estabilización de las tarifas que en este caso durará hasta el año 2032.

Por complicados que sean los problemas que explican la tentación política por fijar y maquillar precios, la peor fórmula de todas es hacer colectivamente la vista gorda frente a la realidad que se quiere ocultar, y dilatar sus efectos hasta un momento futuro lo más lejano posible… tan lejano que, cuando llegue, la corrección necesaria será tan grande que el argumento de los costos políticos será la autojustificación del día para probablemente no hacer nada, salvo volver a fijar los precios.

Y no faltará el audaz que ese día pretenda incluso celebrar su imaginaria “victoria sobre la inflación”, mientras Moya vuelve a pagar la cuenta de verdad.