En entrevista con “El Mercurio”, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, adelantó las principales definiciones del Gobierno en la negociación de la reforma previsional que se discute en el Congreso, así como otros aspectos de la agenda laboral que busca impulsar. En términos generales, aunque se visualiza alguna disposición a introducir modificaciones en el proyecto de pensiones una vez que este haya superado su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, la posición del Ejecutivo en este tema, como en otros, no muestra todavía modificaciones sustantivas respecto de lo sostenido en la última campaña presidencial. Considerando los resultados del plebiscito constitucional, la situación económica y la objetiva debilidad política del Gobierno resultaría esperable una mayor apertura.

Al contrario de ello, el Gobierno mantiene la firme convicción de tratar el 10% de cotización previsional destinada a cuentas individuales de manera totalmente separada del 6% de cotización adicional, que en su definición no solo debe ser administrado por el Estado, sino también destinado íntegramente a la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. Estas definiciones son discutibles tanto técnica como políticamente.

La rentabilidad de un aporte adicional de 6% en la administración privada es necesariamente mayor a la obtenida en las cuentas nocionales que propone el proyecto, toda vez que —aun si la gestión de inversiones fuese idéntica— parte de los retornos en esta última estructura se destinarían a compensar las pensiones de otros aportantes. Luego, la pregunta dice más relación con quiénes se ven beneficiados y perjudicados con esta estructura, y no con la rentabilidad total de los fondos. En la propuesta del Gobierno, el muy sustantivo aumento de las tasas de reemplazo para sectores de menores ingresos que se proyecta se lograría —fundamentalmente— a costa de cotizantes de ingresos medios. Este esfuerzo de solidaridad se cumple en buena parte con la propuesta de aumentar la PGU, con lo que la declaración de la ministra respecto de que esta es insuficiente es discutible y limita el espacio de acuerdo.

Quizá la definición más importante de la secretaria de Estado en términos de la negociación sea la apertura a modificar el proyecto, en la medida en que este logre el objetivo de subir las pensiones, actuales y futuras. Esta definición, mencionada anteriormente por el subsecretario de Previsión Social, pone por delante los objetivos más que los medios y, de actuarse consecuentemente con ella, podría resultar conducente a un acuerdo que logre zanjar este largo debate.

Más compleja es la agenda en otras materias laborales. La insistencia en el proyecto de 40 horas, así como en la negociación ramal, parece obviar las dificultades de generación de empleo que presenta hoy la economía. Pero además —y quizá más gravemente— estas agendas desconocen profundos fenómenos que están afectando al mercado laboral en el mundo, y que más bien llaman a la adaptabilidad de las condiciones laborales, no solo como consecuencia de los requerimientos de producción de bienes y servicios, sino también de la propia demanda de flexibilidad por parte de las personas. La insistencia en proyectos que rigidizan el funcionamiento del mercado laboral no apunta en la dirección hacia la cual hoy se están dirigiendo los trabajadores y la economía mundial.