Señor Director:

El Presidente Boric ha cerrado su primer año de gobierno indultando a 12 condenados por diversos delitos en el contexto del denominado “estallido social”. Los indultados —según consta en las sentencias— participaron activamente en la comisión de delitos y llegaron a la condena luego de esfuerzos de decenas de policías que los identificaron y detuvieron, fiscales que invirtieron horas y recursos públicos en investigar y jueces que en el ejercicio de sus funciones ponderaron los antecedentes, llegando a la conclusión de su culpabilidad.

El indulto presidencial echa por tierra los esfuerzos institucionales realizados y da una pésima señal, ya que, al no poder cuestionar la culpabilidad de los indultados, debemos entender que el Presidente Boric considera que los delitos cometidos no son graves y, adicionalmente, nos garantiza que ellos no cometerán nuevos delitos en su nueva etapa en libertad.

Indultar por condiciones humanitarias a quien enfrenta una enfermedad terminal puede tener sentido, pero hacerlo a quienes —aun después de su condena— mantienen convicción de que su actuar fue adecuado, resulta en extremo delicado.

Más allá de los casos puntuales, la señal de indultar a quienes quemaron, destruyeron e intentaron matar a policías es un mal precedente, que devela que más allá de eventuales acuerdos políticos, la verdadera naturaleza de quien nos gobierna y su coalición está con quienes indulta. Chile merece más; sin seguridad no hay libertad.

Felipe Harboe