El acuerdo político que se tramita en el Congreso y que tiene como objetivo final una nueva Constitución para el país fue firmado por partidos políticos vigentes y en formación cuya representación en el Parlamento responde al 74% de votos de la última elección parlamentaria a nivel nacional.

Dicho acuerdo político se inició con el establecimiento concordado de doce principios o “bordes” que orientarán la deliberación constitucional tanto por parte de los 24 expertos designados por el Congreso como por los 50 convencionales elegidos por la ciudadanía el 7 de mayo del año próximo. Si uno analiza esos 12 principios, la mayoría recoge la historia constitucional de Chile tanto en sus aspectos originarios, como por ejemplo: la independencia del Poder Judicial, como conceptos más recientes, por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Sin embargo hay dos principios que efectivamente constituyen algo nuevo. Me refiero al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, así como establecer en la futura Constitución que Chile será un Estado social y democrático de derecho. Lo anterior es el quinto principio concordado.

Se entiende por Estado social y democrático de derecho el acceso de los ciudadanos a diversos bienes y servicios que no tengan como requisito de accesibilidad el nivel de ingreso de esos ciudadanos. Es decir que la educación, la salud, la vivienda, y las pensiones sean accesibles en calidad y oportunidad por el solo hecho de haber nacido en nuestro país, sin estar intermediados esos accesos por el salario o la renta de los ciudadanos. Este principio que debiera orientar la política pública por las próximas décadas es la principal transformación en la historia contemporánea de Chile. Asimismo, el objetivo mencionado tiene como requisito para su cumplimiento la responsabilidad fiscal y, en consecuencia, la gradualidad de su concreción. En este punto se entiende por responsabilidad fiscal que para los nuevos gastos para materializar los derechos mencionados se requerirá de nuevos ingresos y la gradualidad va a depender de la rapidez o no de dichos nuevos ingresos fiscales.

Analizando la situación actual de esos futuros derechos, uno se encuentra con la siguiente realidad:

El derecho a una vivienda digna y propia: hoy día está garantizado para una gran mayoría de las familias chilenas, sin embargo tenemos un déficits de 650.000 viviendas entre los que se incluyen miles de familias que por lo anterior viven en los campamentos. Para cerrar esta brecha, el actual Gobierno se ha propuesto en su gestión la construcción de 260.000 viviendas que obviamente ayuda a paliar el déficit, pero sigue siendo un desafío enorme para el sector público y el sector privado lograr superar el déficit y de esa manera garantizar para todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna y propia.

En materia de pensiones: se ha avanzado con el pilar solidario de la Presidenta Bachelet el 2008 y la pensión garantizada universal del Presidente Piñera de inicios de este año. La pensión promedio autofinanciada alcanza los $211.000, con la incorporación de la PGU se le agregan a ese promedio $193.000 y además está el compromiso del Gobierno de que esta ascienda a $250.000 con la condición de aprobar la reforma tributaria actualmente en trámite parlamentario. Si lo anterior resulta, pasaríamos de $211.000 a $461.000 como pensión mínima garantizada promedio para hombres y mujeres mayores de 65 años y que cubre el 90% de ese rango etario. Si a todo lo anterior se aprueba la reforma previsional, actualmente en el Congreso, las pensiones para los sectores medios y altos también se reajustarían.

El derecho a una salud oportuna y de calidad pasa por enfrentar la existencia actual en Chile de dos sistemas de salud: Fonasa, que protege al 80% de los chilenos, y las isapres cuya cobertura alcanza al 17% de la población. Para garantizar el derecho mencionado habría que colocar la prioridad en el sistema público dada la alta cobertura que posee y esto implica un aumento considerable del presupuesto en materia de atención primaria, infraestructura hospitalaria y mucho mejor gestión en esta área.

Para garantizar el derecho a la educación de igual calidad para todos los ciudadanos, se plantean dos desafíos: la cobertura y la calidad. En materia de cobertura, nuestro problema está en la educación preescolar que tiene una baja cobertura en sala cuna, una mediana cobertura en jardín infantil y una alta cobertura en prekínder y kínder; a manera de ejemplo, el prekínder alcanza una cobertura de 75% y el kínder una del 97%. Las coberturas en básica, media y crecientemente en educación superior están cada vez más universalizadas. En materia de la calidad y su estrecha relación con la inversión por alumno en todo el ciclo educacional es donde tenemos el principal problema. A manera de ejemplo: el 92% de la matricula básica y media la cubre el Estado a través de las diversas subvenciones que alcanzan en promedio los $140.000 mensuales por alumno, que se comparan con la inversión de cada familia en los colegios particulares pagados con el 8% de la matrícula y que alcanza en promedio los $380.000 mensuales. Estas diferencias de inversión por alumno explican en parte importante las desigualdades de resultado tanto en la prueba Simce como en la prueba de selección universitaria. De tal manera, en este tema queda clarísimo que para obtener el derecho a la educación de igual calidad y cobertura, implica un enorme esfuerzo fiscal.

De todo lo anterior se desprende que el quinto principio, el Estado social y democrático de derecho, implicará un profundo debate en la deliberación constitucional para poder garantizar, en los hechos y no en las palabras, el acceso a estos bienes y servicios en calidad y oportunidad para todos los chilenos, independiente de su posición económica en la sociedad.