Cuando dos realidades muy distintas, o incluso contradictorias, son descritas con el mismo nombre, entramos al preludio de una Torre de Babel y es muy difícil entendernos entre nosotros. Eso sucede con el término “democracia”. Es tal el poder moral de la idea democrática que no hay régimen político existente que renuncie a ser clasificado como tal, incluido el de la ex Alemania Oriental y el de la China Popular. Los comunistas, por ejemplo, que en su doctrina postulan la “dictadura” del proletariado y cuya historia está ligada a los regímenes más totalitarios de que se tenga memoria, consideran que Cuba, Venezuela o Corea del Norte son mejores “democracias” que la nuestra. Los convencionales afirmaban que la refundación que ellos imaginaban nos llevaba a una “verdadera” democracia, concepto que fue reforzado por el propio Presidente de la República, pues, a su juicio, dicha propuesta representaba la “profundización” de la democracia

Por el contrario, para una gran mayoría la razón principal para rechazarlo fue la convicción de que destruía las bases de la democracia tal como la hemos conocido en nuestra historia y en la de los países occidentales. Ello, porque eliminaba la idea de un Estado Nación unitario, la separación de poderes, varios derechos y libertades individuales inviolables, ciertas restricciones al poder arbitrario de los gobiernos, un sistema judicial autónomo y la igualdad ante la ley.

Desde sus inicios, la democracia evolucionó en dos vertientes. Por una parte, las llamadas democracias totalitarias que se caracterizan por la primacía de los derechos colectivos por sobre los de cada persona individual; un régimen donde la soberanía no reside en la nación, sino en colectivos específicos como el género, la clase, la etnia, la raza o la condición sexual; y los gobiernos son concebidos, antes que nada, como los proveedores de toda suerte de bienes sociales, más que como los guardianes de la libertad y, por el mero hecho de ser electos, se cree que actuarían siempre para el bien del conjunto y, en consecuencia, no necesitarían límite alguno.

Un elemento de esta gran confusión ha surgido a propósito de la reforma constitucional para permitir un nuevo proceso constitucional. Muchísimas voces se han alzado para denunciar que el Congreso —aunque legítimo representante de la soberanía popular y depositario de la potestad constituyente— habría violado la democracia al permitir que el futuro Consejo quede integrado por una minoría de “expertos” nombrados por ellos, además de por una mayoría elegida en votación popular. La implicancia de esto es que solo las constituciones escritas enteramente por miembros electos podrían garantizar un régimen democrático. Pues bien, de aplicarse este principio, quedarían fuera de esta clasificación la mayoría de las constituciones existentes y solo serían democráticamente válidas aquellas que han emanado de asambleas constituyentes en Latinoamérica.

El elemento más obvio de una democracia es que se trata del gobierno de las mayorías. Sin embargo, una democracia electoral no garantiza necesariamente una verdadera democracia y estamos plagados de ejemplos de gobiernos elegidos, pero tiránicos, desde Hitler en adelante. Una verdadera democracia debe asegurar la igualdad ante la ley, las libertades públicas, los derechos individuales y de las minorías, la alternancia en el poder, mantener esferas de la vida personal al margen de los dictados de la soberanía popular y operar en un clima de deliberación racional respetuoso de la tolerancia. Así, la prueba de la calidad democrática del futuro Consejo no depende tanto de cuántos de sus miembros son elegidos por el voto popular, sino de que efectivamente nos entregue un texto que cumpla con los requisitos mínimos necesarios para ser clasificado como tal.